Itongadol.- El ministro de Educación de Israel, Yoav Kisch, advirtió que la apertura del año escolar prevista para el 1 de septiembre podría verse postergada si no se asegura el presupuesto necesario para la protección de las instituciones educativas.
“Sin seguridad para las instituciones educativas, el año escolar no se abrirá”, declaró Kisch durante una sesión del Comité de Educación, Cultura y Deportes de la Knesset, según un comunicado del propio parlamento.
El ministro explicó que la falta de medidas de protección pondría en riesgo tanto a alumnos como a personal docente, en un contexto de creciente preocupación por incidentes de seguridad. Añadió que el costo económico de mantener a los niños en casa incluso por un solo día adicional superaría ampliamente el presupuesto requerido para implementar la seguridad necesaria.
Kisch señaló que la financiación debe ser acordada entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Seguridad Nacional, y que la responsabilidad recae directamente sobre esas carteras. Según sus declaraciones, la coordinación entre ambas entidades es crucial para garantizar que, antes de la fecha prevista de inicio, todas las escuelas cuenten con personal de vigilancia, controles de acceso y otros recursos destinados a prevenir situaciones de riesgo.
La advertencia se produce en medio de un debate más amplio sobre las prioridades presupuestarias del gobierno, en el que varios ministerios compiten por recursos limitados. Aunque Kisch no especificó la cifra exacta necesaria, remarcó que la demora en la asignación podría poner en jaque no solo el calendario escolar, sino también la confianza de padres y comunidades en la capacidad del Estado para proteger a los estudiantes.
El ministro de Educación de Israel, Yoav Kisch, advirtió que la apertura del año escolar prevista para el 1 de septiembre podría verse postergada si no se asegura el presupuesto necesario para la protección de las instituciones educativas.
“Sin seguridad para las instituciones educativas, el año escolar no se abrirá”, declaró Kisch durante una sesión del Comité de Educación, Cultura y Deportes de la Knesset, según un comunicado del propio parlamento.
El ministro explicó que la falta de medidas de protección pondría en riesgo tanto a alumnos como a personal docente, en un contexto de creciente preocupación por incidentes de seguridad. Añadió que el costo económico de mantener a los niños en casa incluso por un solo día adicional superaría ampliamente el presupuesto requerido para implementar la seguridad necesaria.
Kisch señaló que la financiación debe ser acordada entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Seguridad Nacional, y que la responsabilidad recae directamente sobre esas carteras. Según sus declaraciones, la coordinación entre ambas entidades es crucial para garantizar que, antes de la fecha prevista de inicio, todas las escuelas cuenten con personal de vigilancia, controles de acceso y otros recursos destinados a prevenir situaciones de riesgo.
La advertencia se produce en medio de un debate más amplio sobre las prioridades presupuestarias del gobierno, en el que varios ministerios compiten por recursos limitados. Aunque Kisch no especificó la cifra exacta necesaria, remarcó que la demora en la asignación podría poner en jaque no solo el calendario escolar, sino también la confianza de padres y comunidades en la capacidad del Estado para proteger a los estudiantes.
La polémica también refleja un desafío recurrente para el sistema educativo israelí, que en años anteriores ya había enfrentado amenazas de huelgas y retrasos por disputas salariales o de infraestructura, pero que ahora incorpora la variable de la seguridad como un factor determinante. Organizaciones de padres han comenzado a manifestar su inquietud, advirtiendo que la incertidumbre genera ansiedad en las familias y podría afectar la preparación de los estudiantes para el inicio de clases. Mientras tanto, sectores de la oposición acusan al gobierno de no priorizar la protección escolar en el presupuesto, subrayando que la demora en resolver este asunto envía un mensaje preocupante sobre el compromiso del Estado con la seguridad de los menores.