Itongadol.- Antes de la histórica votación de septiembre en la Knesset -el Parlamento israelí-, 38 organizaciones de derechos humanos del Estado judío presentaron este martes una nueva petición contra la norma de razonabilidad.
La petición, que según los grupos debería consolidarse con otras peticiones, fue respaldada por grupos como la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, Adalah, Yesh Din, Mujeres contra la Violencia, las Iniciativas Abraham, Médicos por los Derechos Humanos, Gisha y Aguda – Grupo de Trabajo LGBTQ+ de Israel-.
El grupo afirmó representar los intereses de las comunidades etíope, mizrahi, palestina, beduina, árabe y LGBTQ+ de Israel.
«Estas comunidades se verán afectadas por el proyecto de ley, y esta petición es su voz. La enmienda debilitará sustancialmente el principal mecanismo disponible para defender los derechos humanos», aseguraron las ONG.
Los peticionarios señalaron que ya se habían desestimado dos peticiones, pero que la suya debía incluirse en la audiencia del 12 de septiembre porque es la única petición explícitamente orientada a los derechos humanos, y presenta argumentos diferentes y ampliados basados en los derechos.
La nueva petición argumentaba que la ley debía ser anulada porque perjudicaría al Estado de derecho, la separación de poderes y el buen gobierno.
La enmienda a la ley básica aprobada el 24 de julio restringía a los tribunales la posibilidad de emprender una revisión judicial de las decisiones administrativas del gobierno en pleno y de los ministerios que pudieran considerarse más allá de lo que emprendería una autoridad razonable y responsable.
La petición argumentaba que las decisiones administrativas no pueden separarse de los derechos constitucionales que aplican. Por lo tanto, estas decisiones deben estar sujetas a revisión judicial. Los peticionarios argumentaron que el procedimiento de cortar la electricidad de la casa de una persona debe ser considerado a través del derecho a la dignidad humana.
También hay derechos que no fueron legislados ni deducidos por el tribunal y que deben ser protegidos por la razonabilidad. Los peticionarios pusieron el ejemplo del derecho a la vivienda.
«El proyecto de ley que anula la [norma] de razonabilidad forma parte de un ataque global a los derechos humanos y al poder judicial, que es la principal protección que tienen los israelíes contra el atropello de sus derechos», aseguró el abogado de la ACRI Gil Gan-Mor.
«La ley en sí, y desde luego como parte de la revisión judicial, tiene que ser derogada, o de lo contrario nos encontraremos en un estado en el que las autoridades tienen la capacidad de perseguir a los ciudadanos y residentes sin ningún tipo de restricción», agregó el abogado.
Gan-Mor concluyo que »estas comunidades se verán afectadas por el proyecto de ley, y esta petición es su voz. La enmienda debilitará sustancialmente el principal mecanismo disponible para defender los derechos humanos.»
Texto de la petición
Por otro lado, los peticionarios señalaron que el proyecto de ley debía entenderse en el contexto de una agenda más amplia para debilitar el poder judicial. Una vez asegurada la ley, se introduciría otra que eliminara otro poder.
Inmediatamente después de la aprobación de la enmienda, los antirreformistas presentaron un aluvión de peticiones pidiendo la derogación de la ley.
El Alto Tribunal nunca había anulado una enmienda a la Ley Fundamental, y se discute acaloradamente si tiene siquiera esa capacidad. Por primera vez en la historia de la institución, los 15 magistrados presidirán la vista.