Itongadol/Agencia AJN.- El conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno israelí no deja de escalar y hoy se conocieron varios fallos y declaraciones de ministros.
Por la mañana, el Tribunal Superior le ordenó al contralor del Estado, Matanyahu Englman, que cese provisionalmente su investigación sobre las fallas internas en torno a la Masacre del 7 de Octubre de 2023, perpetrada por terroristas palestinos liderados por Hamás en el sur del país.
Le prohibió citar a funcionarios para que den su versión de los hechos o aporten documentación y publicar un borrador o informe final que ya haya elaborado sobre su investigación.
Los jueces se basaron en un acuerdo entre el contralor y los organismos estatales, incluidas las Fuerzas de Defensa de Israel, alcanzado en abril y en el que el tribunal validó el marco de esa investigación.
También le ordenaron que justifique por qué avanza sobre temas de política y estrategia que, según los demandantes, exceden las competencias de su cargo.
Englman afirmó que acatará el fallo, pero aseguró que el trabajo que realiza su dependencia, que es clave para revisar el funcionamiento del gobierno, es “independiente y objetivo”.
«El contralor del Estado es actualmente la única agencia estatal que ha trabajado para sacar a la luz la verdad y darles respuestas a los ciudadanos israelíes sobre el fracaso del 7 de Octubre. Sin la publicación de los informes, las fallas no serán corregidas, incluidas las fallas que, si se corrigieran, podrían salvar vidas», añadió.
Los denunciantes argumentan que sus métodos son defectuosos, que no ha entrevistado a sujetos clave y que su investigación perjudicará a cualquier otra independiente a futuro.
En tanto, el ministro de Justicia, Yariv Levin, afirmó que «la mayoría de los ciudadanos israelíes comprende hoy que las decisiones de la Corte Suprema se toman desde una perspectiva política, están motivadas por una cosmovisión extremista y no tienen nada que ver con la ley».
Por su parte, el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, instó al gobierno a desobedecer las sentencias judiciales.
Otras decisiones de la Corte que cuestiona el oficialismo son la postergación del cierre de la Radio del Ejército, la anulación de la destitución de la procuradora general, Gali Baharav-Miara, la promoción del reclutamiento de ortodoxos y el reciente bloqueo a la transferencia de fondos a escuelas ortodoxas acusadas de no enseñar las materias básicas del plan de estudios.