AJN/Itongadol.- La Corte Suprema de Justicia de Israel ordenó al Estado que responda a una petición de la ONG Lavi antes del 27 de octubre contra el inminente acuerdo de gas natural entre Israel y el Líbano.
No estaba claro cuándo el Tribunal Superior celebraría una audiencia sobre el tema y los jueces rechazaron la solicitud de Lavi de una medida cautelar que congelara cualquier progreso hacia el acuerdo.
El Foro sobre Política Kohelet también presentó una petición contra el acuerdo.
Se han planteado una serie de cuestiones legales, desde el papel de la Knesset en tal acuerdo hasta si se debe realizar un referéndum en ciertos casos en los que el Gobierno podría negociar para renunciar a los derechos sobre un determinado territorio terrestre.
Se espera que el Gobierno argumente que está negociando derechos económicos sobre aguas frente a la costa que son diferentes a la tierra.
El ministro de Justicia, Gideon Sa’ar, ha dicho que el Gobierno planea presentar cualquier acuerdo eventual a la Knesset.
La Corte Suprema generalmente se niega a pronunciarse sobre tales cuestiones antes de que se finalice un acuerdo, por lo que podría considerar que las peticiones son prematuras hasta que el acuerdo se presente ante la Knesset o esté a punto de llevarse a cabo algún movimiento operativo y concreto.
Además, los jueces tienden a mantenerse al margen de las decisiones diplomáticas a menos que se viole una ley explícita.
Asimismo, la dimisión del principal negociador de Israel en su disputa marítima con el Líbano, frustrado por la gestión de las conversaciones por parte de la Oficina del Primer Ministro, salió a la luz el lunes, mientras el primer ministro Yair Lapid defendía el acuerdo de las críticas.
Udi Adiri, ex director general del Ministerio de Energía y principal negociador con el Líbano sobre la disputa de las aguas económicas en los últimos años, renunció la semana pasada, días antes de que el enviado de Energía de Estados Unidos, Amos Hochstein, hiciera su propuesta final para un acuerdo, informó The Marker.
La noticia se conoce en medio de informes de que Adiri se oponía al acuerdo que se estaba redactando, sumado a su enojo por la forma en que el asesor de Seguridad Nacional israelí, Eyal Hulata, dirigía las conversaciones después de que la responsabilidad de las mismas se trasladara a la Oficina del Primer Ministro.
La razón oficial que se dio de la renuncia de Adiri -tras una petición y no en un comunicado emitido por su salida- fue que encontró un trabajo en el sector privado al final del periodo de enfriamiento tras ser director general.
«Israel recibe el 100% de sus necesidades de seguridad, el 100% del embalse de Karish e incluso parte de las ganancias del embalse libanés», tuiteó Lapid.
Aunque el premier israelí trató de mencionarlo como un logro, a lo largo de las negociaciones y mientras el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, amenazaba Karish en los últimos meses, Lapid, la ministra de Energía, Karin Elharrar, y sus oficinas dijeron constantemente que el embalse israelí no formaba parte de las negociaciones.
La propuesta de Hochstein se llevará al Gabinete de Seguridad para su aprobación el jueves.
Sin embargo, todavía puede haber cambios. El vicepresidente del Parlamento libanés, Elias Bou Saab, dijo que su país «tiene comentarios sobre el borrador. Nuestra respuesta se dará en 48 horas».
El actual borrador del acuerdo hará que Israel ceda todo el triángulo de aguas económicas que había estado en disputa con Líbano entre 2012 y 2021, pero no el triángulo ampliado que Líbano exigió a principios de 2021. También permitirá al Líbano desarrollar todo el campo de Kana, que se extiende hacia el Sur en lo que serían aguas israelíes.
Si Total Energy, que tiene la licencia libanesa para desarrollar Kana, encuentra y extrae gas del yacimiento, tendrá que pagar a Israel regalías por el porcentaje del gas en sus aguas económicas.
El director general del Ministerio de Energía israelí, Lior Schillat, estuvo el lunes en la sede de Total en Francia para negociar el acuerdo sobre los cánones.
Francia, uno de los principales accionistas de Total, y Estados Unidos, que dirigió las conversaciones, serían sus garantes.
Además, el acuerdo incluye la formalización de la «línea de boyas», una línea de seguridad de 5 kilómetros que Israel colocó en el mar Mediterráneo y que se extiende desde su frontera con Líbano.
La declaración de Sa’ar se produjo en respuesta a los diputados Yariv Levin (Likud) y Orit Struck (Sionista Religioso), que pidieron aclaraciones tras las informaciones de que Lapid planeaba eludir la legislatura y mantener el acuerdo confidencial.
Según la ley, el acuerdo solo tiene que someterse a la Knesset y no a una votación parlamentaria.
Sin embargo, la ministra del Interior, Ayelet Shaked, pidió una votación, tuiteando que «un acuerdo tan importante no puede en absoluto pasar sin la aprobación del verdadero soberano, que es la Knesset. El público israelí tiene derecho a conocer los detalles del acuerdo. Todo debe ser totalmente transparente».