Itongadol.- José María González, alias “Kichi”, declarará el próximo miércoles, 18 de Septiembre, en el juzgado de instrucción nº 1 de Cádiz, tras la querella interpuesta por ACOM contra los miembros de la Junta del Gobierno Local de Cádiz por la adhesión de su municipio a la red discriminatoria “municipio libre del apartheid israelí” – BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) contra el Estado Judío.
El regidor de la capital gaditana declarará ante el Juez en calidad de investigado por ser parte activa de un boicot xenófobo, discriminatorio y anticonstitucional del que se jactaba públicamente (ver link).
Fue el 12 de agosto de 2016 cuando la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz aprobó la adhesión de su municipio a la red discriminatoria “municipio libre del apartheid Israelí” contra el estado judío. Y la inequívoca evidencia de la puesta en marcha de dicha discriminación antisemita tuvo lugar en septiembre de 2017, cuando el ayuntamiento decidió cancelar unilateralmente la celebración de un Ciclo de Cine israelí, previsto para los días 28 y 29. Momento en el que ACOM presentó recurso contencioso-administrativo contra la medida, a la par que una querella por posible delito de odio.
Tras darse a conocer la sentencia que anulaba la decisión del Ayuntamiento gaditano de suspensión del ciclo de cine israelí y de la adhesión de la localidad al espacio BDS-ELAI, el mismo juzgado reabrió la causa criminal contra los investigados, en tanto en cuanto el proceso estaba suspendido hasta que se recibiera sentencia del asunto administrativo.
Ahora dicho varapalo legal, en el ámbito administrativo, puede ampliarse ya que la vía penal se abre para los instigadores de dichos acuerdos discriminatorios, y especialmente sobre el alcalde de Podemos, José María González, alias “Kichi”, por un posible delito de incitación al odio, recogido en los delitos tipificados en el artículo 510 del Código Penal español.
Según Angel Mas, presidente de ACOM, “los antisemitas enmascarados en un supuesto progresismo, los incitadores al odio, los que están acostumbrados a la impunidad de su violencia mientras se le llena la boca de falso humanitarismo, los que usan fondos de todos para crear una industria de chiringuitos para los amigos de los terroristas, a todos esos que se creían por encima de la ley, de la Constitución, de los tribunales y del resto de los españoles, se les ha acabado la bula. Vergüenza para ellos y conmiseración para las ciudades que los sufren como regidores por la irresponsabilidad de algunos votantes, que deberían reflexionar y tomar nota”.
ACOM, grupo de referencia de la sociedad civil española que lucha contra la discriminación antisemita y el hostigamiento contra el único estado judío, está comprometido con que estas actitudes y su ilegalidad, absolutamente fuera del marco de convivencia establecido por la Constitución española, no queden sin respuesta. Gracias a la iniciativa legal de ACOM, 49 acuerdos BDS-ELAI institucionales han sido anulados judicialmente o por las propias administraciones locales y/o públicas.