AJN.- Mañana, jueves, se reanudará el juicio oral y público por encubrimiento del atentado a la AMIA con la quinta audiencia, en la cual se espera que sean invitados a prestar declaración indagatoria los ex comisarios de la Policía Federal Carlos Castañeda y Jorge Palacios, imputados por la interrupción de la investigación contra Alberto Kanoore Edul, que es clave para la “pista siria”.
Por este mismo delito están acusados los entonces juez Juan José Galeano y presidente Carlos Menem, quienes se negaron a declarar la semana pasada y entonces se leyeron sus dichos en la instrucción de Ariel Lijo; y sus titular y subsecretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy y Juan Carlos Anchézar, que han aducido problemas de salud desde el comienzo del debate y rara vez concurrieron al recinto.
De hecho, la defensa del ex jefe de los espías pidió su “eximición de comparecencia”, que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, integrado para la ocasión por Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, con Domingo Altieri como suplente, debe analizar, mientras ya aceptó la designación de los peritos Humberto Mesones, Pedro Cossio y Antonio Maya para revisar su salud, sobre todo la “viscoconstrucción, percepción, praxia, lenguaje y funciones ejecutivas”.
Concluidas las declaraciones vinculadas con la “pista siria” será el turno del resto de los imputados por el pago ilegal de 400.000 dólares de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a Carlos Telleldín, último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, para que acusara falsamente a un grupo de policías bonaerenses, más otros delitos que habrían cometido los entonces fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
La nómina de los acusados se completa con el propio receptor del dinero, su ex mujer Ana María Boragni y abogado Víctor Stinfale, y los entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja, y espía Patricio Finnen.
Por haber fallecido no son juzgados su colega Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.
Los imputados pueden aceptar o negarse a declarar, sin que ello constituya indicio negativo en su contra, y aun si aceptaran hablar, podrían no responder preguntas o acceder solo a las del tribunal o las partes que consideren legitimadas, en virtud de los cuestionamientos que realizaran al momento de las cuestiones preliminares.