Itongadol/Agencia AJN.- (Por el General de brigada Guy Hazoot* – Ynet) El debate generado por el documental NAZA va mucho más allá de la disputa sobre la imagen de Israel. En el fondo hay una pregunta que enfrentará toda democracia obligada a luchar contra una organización terrorista que coloca a sus combatientes, cuarteles generales, armas e infraestructura dentro de una población civil: ¿Cómo se puede combatir a un enemigo de este tipo protegiendo a los propios civiles y soldados y, al mismo tiempo, cumpliendo con la obligación legal y moral de minimizar el daño a los civiles del otro lado?
Las acusaciones graves exigen una respuesta seria. No alcanza con atacar a los realizadores, condenarlos o llamarlos traidores. Esas reacciones no refutan sus afirmaciones. Solo contribuyen a presentar a la sociedad israelí como incapaz de enfrentar las críticas. La respuesta adecuada debe basarse en hechos, contexto, derecho internacional y un análisis profesional de las realidades del campo de batalla.
Al mismo tiempo, los políticos, líderes de opinión y figuras de los medios israelíes deberían dejar de pedir la destrucción completa de Gaza o realizar declaraciones que no distingan entre terroristas y civiles. Más allá del problema moral de esa retórica, perjudica a Israel y a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al proporcionar argumentos a quienes sostienen que el sufrimiento de los civiles palestinos fue un objetivo y no una grave consecuencia de la guerra impuesta a Israel.
Declaración y límites de este análisis
No vi el documental completo, que todavía no está disponible para su visualización en Israel después de que sus creadores decidieran presentarlo primero a la comunidad internacional. Vi fragmentos publicados y leí entrevistas con los realizadores y reseñas detalladas de espectadores, incluidas algunas favorables. Por lo tanto, este artículo no pretende analizar cada escena, sino responder a los argumentos centrales tal como fueron presentados por sus creadores y descritos en publicaciones disponibles.
Según esas descripciones, los realizadores Yuval Abraham y Rachel Shor sostienen que la muerte generalizada de civiles palestinos no fue consecuencia de errores, casos excepcionales o las duras realidades del combate, sino de una política sistémica deliberada que, según creen, podría constituir genocidio.
A través de testimonios anónimos de soldados y miembros de los servicios de inteligencia, la película describe presuntamente un sistema de selección de objetivos basado en vigilancia digital e inteligencia artificial (IA). Además, alega que la supervisión humana de algunos procesos fue insuficiente, que personas fueron designadas como objetivos y atacadas en sus hogares mientras sus familiares estaban presentes, y que se aprobaron ataques incluso cuando se esperaba un elevado número de víctimas civiles.
La película también plantea presuntamente acusaciones de civiles abatidos en zonas cuyos límites no estaban claros, daños cerca de puntos de distribución de ayuda, destrucción destinada a obligar a la población a desplazarse hacia el sur y restricciones de alimentos y uso del hambre como medio de presión. Sus creadores atribuyen la responsabilidad no solo a soldados individuales, sino también a la cadena de mando, el aparato militar, el liderazgo político de Israel y la sociedad y los medios israelíes.
Se trata de acusaciones graves que se suman a las intensas críticas internacionales dirigidas contra Israel durante toda la guerra. Precisamente porque son tan serias, deben ser examinadas rigurosamente en lugar de aceptarlas como hechos establecidos simplemente porque aparecen en un documental.
Los números hablan por sí mismos
El número de personas muertas en Gaza, sus identidades y la proporción entre combatientes y civiles siguen siendo objeto de disputa. Las cifras publicadas por el Ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamás, no distinguen completamente entre operativos militares y civiles, mientras que las estimaciones israelíes sobre el número de terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina muertos también requieren fundamentación y detalles.
A efectos del argumento, tomemos la cifra de 75.000 palestinos muertos citada por las autoridades de Hamás y la cifra de 25.000 terroristas muertos proporcionada por las FDI. Eso produciría una proporción de un combatiente por cada dos civiles.
En mi opinión, esa proporción contradice por sí misma la afirmación de que las cifras demuestran crímenes de guerra o una intención de exterminar a una población. La proporción es un elemento importante para evaluar la naturaleza de la campaña y compararla con otras guerras libradas por fuerzas militares occidentales en zonas urbanas densamente pobladas, donde la proporción entre víctimas civiles y combatientes llegó a 9:1. Incluso si redujéramos a la mitad la estimación de las FDI sobre los terroristas muertos, la proporción entre civiles y terroristas seguiría comparándose favorablemente con la de otros ejércitos occidentales.
A primera vista, los números por sí solos podrían parecer suficientes para cerrar la discusión. Pero acusaciones de esta gravedad requieren una respuesta más amplia y detallada.
La variable que falta: la estrategia de Hamás
La principal debilidad de las acusaciones contra Israel presentadas en el documental es que atribuyen toda la responsabilidad por las consecuencias de la guerra a Israel sin otorgar suficiente peso al método de combate de Hamás.
Hamás no opera simplemente cerca de civiles. Durante años construyó su poder militar dentro del espacio civil: túneles debajo de barrios, armas dentro de edificios, posiciones cerca de instituciones públicas y el uso de la población como escudo que limita la libertad de acción de Israel.
Nada de esto exime a las FDI de sus obligaciones. Incluso cuando el enemigo viola el derecho internacional y utiliza civiles como escudos humanos, la parte atacante sigue obligada por los principios de distinción, precaución y proporcionalidad.
Pero los resultados de la guerra no pueden analizarse como si Hamás fuera un actor pasivo o como si la colocación de su infraestructura militar en el corazón de la población civil no formara parte de una estrategia deliberada.
Si la responsabilidad por cada víctima civil se atribuye siempre exclusivamente al ejército atacante, sin tener en cuenta la conducta de la organización que se defiende, se crea un incentivo peligroso: cuanto más profundamente una organización terrorista se incrusta entre su población y cuanto más pone en peligro a los civiles, mayores son las probabilidades de que obtenga inmunidad operativa y legitimidad internacional.
Ese es el dilema de los escudos humanos, y no será solo Israel el país obligado a enfrentarlo.
No existe una guerra quirúrgica en un campo de batalla urbano
El discurso internacional occidental suele asumir que existe un método “quirúrgico” para alcanzar cada objetivo y que, si hubo civiles afectados, necesariamente debió existir una alternativa más limpia. Según mi experiencia profesional, esa suposición no siempre resiste las realidades del combate.
Los combates a corta distancia en una zona saturada de explosivos, francotiradores, equipos antitanque y túneles pueden requerir una potencia de fuego considerable precisamente cuando las tropas quedan atrapadas en una situación de combate y enfrentan una amenaza inmediata contra sus vidas. En ocasiones, un ataque aéreo planificado sobre la base de inteligencia y una evaluación de los daños colaterales previstos puede ser más preciso que un combate terrestre que se desarrolla en medio de la incertidumbre.
Por lo tanto, utilizar el poder aéreo no significa necesariamente optar por la vía más fácil desde el punto de vista operativo. En ocasiones es la manera de completar una misión reduciendo el peligro para las tropas.
Pero la necesidad de proteger a los soldados no constituye una licencia ilimitada. Cada operación sigue requiriendo una evaluación del objetivo, las alternativas, el daño esperado a los civiles y la ventaja militar concreta que se espera obtener.
El propio nombre elegido para el documental, NAZA, el acrónimo militar hebreo de daño colateral, apunta a la existencia de procesos de evaluación de este tipo dentro de las FDI.
Qué significa realmente la proporcionalidad
El principio de proporcionalidad en el derecho internacional no compara el número total de personas muertas de cada lado. Tampoco un elevado número de víctimas civiles demuestra por sí mismo que un ataque haya sido ilegal.
La cuestión jurídica es si, sobre la base de la información disponible para quienes tomaban la decisión antes del ataque, podía preverse que el daño incidental esperado a los civiles sería excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista como resultado de la operación.
Eso significa que cada ataque debe ser examinado según sus circunstancias específicas: ¿Cuál era el objetivo militar? ¿Cuál era su valor? ¿Qué información estaba disponible? ¿Qué daño se esperaba? ¿Qué precauciones se tomaron? ¿Existía una alternativa práctica que pudiera causar menos daño?
El resultado importa y puede justificar una investigación, pero no puede sustituir el examen del proceso de toma de decisiones tal como existía en tiempo real.
La inteligencia artificial no exime de responsabilidad a los seres humanos
El uso de herramientas basadas en IA en materia de inteligencia y selección de objetivos requiere una supervisión estricta. Un sistema informático no tiene responsabilidad jurídica ni moral. La responsabilidad sigue recayendo en los seres humanos que autorizan una operación.
En las FDI, los sistemas basados en IA son herramientas de apoyo a la inteligencia. La decisión final de realizar un ataque es tomada por un oficial, con un ser humano involucrado en el proceso, que sopesa el valor militar frente al daño colateral previsto sobre la base de la información disponible en ese momento.
Los esfuerzos humanitarios y la brecha entre intención y resultado
Las FDI realizaron un esfuerzo extraordinario en materia humanitaria, que incluyó llamadas de advertencia, lanzamiento de panfletos y el establecimiento de la ruta Salah al-Din como corredor humanitario. Los ejércitos occidentales no destinaron anteriormente recursos tan amplios a comunicarse directamente con una población enemiga con el objetivo de alejar a los civiles de las zonas de combate.
Israel también facilitó el ingreso de asistencia humanitaria a Gaza a una escala muy superior a la que normalmente se esperaría de un país en guerra. En mi opinión, los civiles palestinos sufrieron graves daños como consecuencia de que Hamás se apoderara de camiones de ayuda y explotara su contenido.
El centro de Gaza y, durante largos períodos, la propia ciudad de Gaza incluyeron zonas en las que las FDI no realizaron grandes maniobras terrestres, mientras que los ataques aéreos allí se llevaron a cabo de manera selectiva en un esfuerzo por evitar víctimas civiles.
El porcentaje de personas muertas dentro de las zonas designadas como humanitarias en el centro de Gaza fue significativamente menor, alrededor del 2% al 3,5% del total de muertos. En mi opinión, esto apunta a un esfuerzo deliberado de Israel por evitar ataques en esas zonas pese a los intentos de Hamás de utilizarlas como refugio y constituye una prueba adicional contra la afirmación de que existía una política de exterminio.
La paradoja moral de poner en riesgo a los soldados
A veces se sostiene que, al autorizar ataques con un elevado número previsto de víctimas colaterales, las FDI priorizaron la vida de sus soldados por encima de la de los civiles palestinos.
Esperar que las FDI sacrifiquen a sus soldados para salvar a civiles enemigos no solo es poco realista, sino que también plantea un problema moral hacia los ciudadanos y soldados de su propio país. Todo gobierno tiene un contrato implícito con sus ciudadanos y tropas de proteger sus vidas.
Exigir que un ejército elija tácticas que incrementen significativamente el número de sus propios soldados muertos es una exigencia que ninguna democracia puede sostener a largo plazo.
La guerra subterránea contra el ‘‘metro’’ de Gaza
Bajo el gobierno de Hamás, Gaza se convirtió en una fortaleza urbana. Este es el elefante en la habitación que, en mi opinión, tanto los realizadores del documental como gran parte de la comunidad internacional ignoran.
Las FDI enfrentaron una red estimada de 800 kilómetros de túneles interconectados debajo de viviendas civiles, uno de los desafíos más formidables que un ejército occidental haya enfrentado en la era moderna.
Los túneles transformaron prácticamente cualquier estructura civil en un posible objetivo militar, porque podía ocultar un acceso a un túnel o un puesto de comando subterráneo. Eso cambió fundamentalmente los cálculos sobre los daños colaterales.
El “metro” subterráneo de Hamás transformó Gaza de un entorno civil ordinario a una fortaleza militar, obligando a los comandantes israelíes a tomar decisiones operativas extraordinariamente difíciles que inevitablemente causaron daños a la infraestructura.
Además de los túneles, Hamás colocó explosivos en decenas de miles de edificios civiles, incluidas escuelas y jardines de infantes. En el proceso de aprendizaje operativo de las FDI, examinamos este patrón y descubrimos que mezquitas, escuelas, clínicas e instalaciones de UNRWA se encontraban estadísticamente entre las estructuras que aparecían con frecuencia como lugares donde se habían colocado explosivos.
La magnitud de la amenaza de los explosivos obligó a las FDI a utilizar una potencia de fuego considerable para proteger a sus soldados, aumentando la destrucción física. Los túneles y los edificios con explosivos convirtieron al propio espacio civil en un arma.
La destrucción sistemática de viviendas utilizadas por terroristas también reflejó el hecho de que esas estructuras eran utilizadas no solo para almacenar armas, sino también para combatir.
¿Qué otra alternativa tenían las FDI que desmantelar el entorno militar desde el cual surgieron los atacantes del 7 de octubre?
Israel no estaba combatiendo a miles de kilómetros de su territorio
A diferencia de las guerras expedicionarias libradas por Estados occidentales a miles de kilómetros de sus fronteras, la guerra en Gaza se libró contra una amenaza directa para los civiles israelíes.
Comenzó después de la masacre del 7 de octubre, el secuestro de civiles y soldados y el continuo lanzamiento de cohetes contra comunidades israelíes.
Eso no exime a Israel de las leyes de la guerra, pero es esencial para comprender la percepción israelí de la amenaza y la forma en que se tomaron las decisiones operativas.
Para Israel, no se trataba de una guerra elegida ni de una intervención en un escenario distante. Era una guerra para eliminar una amenaza que había demostrado tanto su capacidad como su intención de atacar directamente a la población israelí.
*El general de brigada (reserva) Guy Hazoot es investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional y exjefe de la Dirección de Aprendizaje Operativo de las FDI.