Itongadol/Agencia AJN.- Los recientes informes que indican que Hamás estaría dispuesto a disolver su estructura gubernamental en Gaza abren una nueva incógnita en el futuro del enclave: si el grupo terrorista deja formalmente el poder, ¿Quién será responsable de garantizar su desarme?
La cuestión surgió luego de que medios árabes informaran que Hamás podría anunciar la disolución de su llamado “Comité de Emergencia” y transferir funciones administrativas al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un organismo tecnocrático respaldado por iniciativas internacionales.
El denominado Consejo de Paz (Board of Peace, BoP), apoyado por Estados Unidos, afirmó haber tomado nota de la posible disolución del organismo controlado por Hamás, aunque advirtió que juzgará la situación por acciones concretas y no por declaraciones.
Hamás gobierna Gaza desde 2007, cuando tomó el control del territorio mediante un golpe de fuerza tras las elecciones palestinas de 2006. Desde entonces, el grupo consolidó su poder político y militar mientras recibía apoyo financiero y respaldo indirecto de distintos actores regionales e internacionales.
Durante años, organismos internacionales y agencias de la ONU financiaron gran parte de los servicios civiles en Gaza, lo que permitió a Hamás concentrar recursos en el fortalecimiento de su aparato militar.
Además, el movimiento recibió importantes flujos de dinero desde Qatar, cuyos dirigentes albergaron durante años a líderes de Hamás. Esos fondos ingresaban en parte a través de mecanismos coordinados con Israel, bajo la premisa de que contribuirían a mantener la estabilidad y evitar nuevas escaladas.
Sin embargo, la masacre del 7 de octubre de 2023 cambió radicalmente esa percepción. Uno de los objetivos declarados de Israel en la guerra posterior fue precisamente poner fin al control de Hamás sobre Gaza.
Con el tiempo, las metas israelíes fueron reformuladas. Mientras que inicialmente algunos funcionarios afirmaban que “no quedará Hamás”, posteriormente el discurso oficial pasó a centrarse en reducir significativamente sus capacidades militares y de gobierno.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump impulsó una estrategia orientada a lograr la liberación de los rehenes y establecer un nuevo esquema de gobernanza para Gaza. El alto el fuego alcanzado meses atrás permitió avanzar en esa dirección.
Según el Consejo de Paz, cualquier transición debe basarse en el principio de “una sola autoridad, una sola ley y una sola arma”, lo que implica que todas las armas presentes en Gaza deberían quedar bajo control de una nueva administración civil.
El problema es que la eventual disolución del gobierno de Hamás no resuelve automáticamente la cuestión central: su capacidad militar.
Diversos analistas consideran que el movimiento podría intentar replicar el modelo de Hezbollah en el Líbano, es decir, renunciar formalmente a responsabilidades gubernamentales mientras conserva intacta su estructura armada y continúa ejerciendo influencia desde las sombras.
Esa posibilidad genera escepticismo tanto en Israel como entre los promotores del nuevo esquema de administración para Gaza.
La pregunta central es qué ocurrirá si Hamás simplemente desaparece como autoridad visible, pero mantiene sus arsenales, sus combatientes y sus redes de poder.
En ese escenario, cualquier organismo civil que asuma funciones administrativas podría terminar operando bajo presión o influencia del grupo terrorista.
Al mismo tiempo, persisten interrogantes sobre el futuro de los dos millones de habitantes de Gaza. Los impulsores del NCAG sostienen que el objetivo es crear áreas administradas por una autoridad civil independiente donde pueda comenzar la reconstrucción y los residentes puedan acceder a servicios básicos sin depender de Hamás.
Sin embargo, algunas voces en Israel continúan defendiendo una presencia prolongada de las Fuerzas de Defensa de Israel en amplias zonas del enclave, mientras otros sectores consideran que Gaza debería permanecer bajo estrictas restricciones de seguridad durante años.
La experiencia de la guerra contra Estado Islámico en Irak suele ser citada como posible antecedente. Tras la liberación de Mosul, el grupo terrorista perdió el control territorial y la población civil pudo comenzar un largo proceso de reconstrucción.
Quienes respaldan una solución similar para Gaza consideran que la clave pasa por retirar a Hamás del poder político y militar para permitir el surgimiento de una administración civil efectiva.
Por ahora, la posible disolución del gobierno de Hamás parece más una declaración política que una transformación concreta sobre el terreno. El verdadero desafío seguirá siendo el mismo: determinar quién controlará las armas y si el grupo terrorista está dispuesto a abandonar realmente el poder que ejerce desde hace casi dos décadas.
Fuente: The Jerusalem Post