Itongadol/Agencia AJN.- El gobierno israelí aprobó la asignación de 1.000 millones de shekels (unos 350 millones de dólares) al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas de Defensa de Israel para financiar los procesos judiciales contra los terroristas palestinos que participaron en la masacre del 7 de octubre de 2023.
La decisión llega después de que la Knesset aprobara el mes pasado una legislación especial para establecer un tribunal militar extraordinario encargado de juzgar a los acusados de participar en los ataques perpetrados por Hamás y otras organizaciones terroristas contra comunidades del sur de Israel.
Según lo dispuesto por el gobierno, los fondos serán distribuidos entre 2026 y 2029 y estarán destinados a crear toda la infraestructura necesaria para implementar el nuevo sistema judicial.
El presupuesto contempla la construcción de instalaciones para el tribunal, oficinas para la fiscalía militar y un centro de comando de las Fuerzas de Defensa de Israel, además de sistemas informáticos, servicios de transmisión, mantenimiento de edificios y otros recursos logísticos necesarios para llevar adelante los juicios.
Asimismo, parte de los fondos se utilizarán para contratar al personal requerido para los procesos judiciales, incluidos fiscales, investigadores, funcionarios judiciales y personal de seguridad.
El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que el objetivo es garantizar que los responsables de la masacre enfrenten la justicia.
“El Estado de Israel llevará ante la justicia a los perpetradores de la masacre más brutal cometida contra el pueblo judío desde el Holocausto y enviará un mensaje claro e inequívoco a todos nuestros enemigos: quien masacre, asesine, viole y secuestre a ciudadanos israelíes pagará el precio completo”, expresó Katz.
La creación del tribunal especial forma parte de los esfuerzos israelíes para procesar a los cientos de terroristas capturados durante y después de los ataques del 7 de octubre, cuando miles de integrantes de Hamás y otras organizaciones armadas irrumpieron en territorio israelí, asesinaron a unas 1.200 personas y secuestraron a cientos de civiles y soldados.
Las autoridades israelíes consideran que la magnitud y la naturaleza de los crímenes cometidos requieren un marco judicial específico que permita abordar los casos de manera eficiente y garantizar que los responsables sean juzgados por delitos vinculados al terrorismo, asesinatos, secuestros y otros crímenes graves.
La puesta en marcha del tribunal militar especial representa uno de los proyectos judiciales y de seguridad más importantes emprendidos por Israel desde el inicio de la guerra desencadenada tras la masacre del 7 de octubre.