La Paz se convirtió en el epicentro de marchas, violencia y tensión política que aumenta pese a la abrogación de la Ley 1720 y la disposición de diálogo del Gobierno.
Itongadol/Agencia AJN.- La crisis política y social en Bolivia atraviesa uno de sus momentos más delicados desde la asunción del presidente Rodrigo Paz. Este martes, el país amaneció con al menos 32 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos del país, según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Las medidas de presión ya llevan casi 20 días consecutivos y generaron serios problemas en la transitabilidad, el turismo, el comercio y el abastecimiento de alimentos e insumos médicos en distintas regiones.
El periodista boliviano Windsor Salas aseguró que su nación vive jornadas de “terror y zozobra” en medio de violentas protestas que ya dejaron destrozos, saqueos y más de cien personas detenidas.
Salas explicó que el conflicto comenzó el pasado 1° de mayo tras un cabildo impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB) en la ciudad de El Alto, donde en un principio se reclamaban medidas económicas y reivindicaciones sectoriales. Sin embargo, la protesta fue escalando hasta convertirse en un pedido directo de renuncia contra el mandatario boliviano.
“La propia Central Obrera Boliviana tomó la decisión de abandonar el pliego petitorio y plantear directamente la renuncia del presidente Rodrigo Paz”, señaló Salas en diálogo con FM Río 96.9. En este contexto, el periodista relató que la jornada más grave pasó en la ciudad de La Paz, donde coincidieron distintas movilizaciones vinculadas a sectores afines al expresidente Evo Morales, organizaciones campesinas y sindicatos.
A su vez, Salas explicó: “Fue una jornada de terror y zozobra. Intentaron ingresar por la fuerza al centro político del país y fueron repelidos por la Policía y las Fuerzas Armadas”.
Las manifestaciones derivaron en ataques contra edificios públicos, comercios y propiedades privadas. También se registraron saqueos e incendios en distintos puntos de la capital boliviana.
De acuerdo con los datos preliminares difundidos por las autoridades, al menos 104 personas fueron retenidas durante los disturbios. Uno de los principales detonantes del conflicto fue el rumor sobre una supuesta privatización de empresas estratégicas, especialmente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
“Evo Morales instaló la versión de que se estaban entregando recursos naturales a empresas extranjeras y eso fue utilizado como bandera política por grupos radicales”, afirmó Salas. Del mismo modo, el comunicador aclaró que el Gobierno desmintió esas versiones, aunque reconoció que el malestar social fue creciendo también por problemas vinculados a la calidad de los combustibles y los conflictos con transportistas.
“La gasolina desestabilizada generó daños en muchos vehículos y eso provocó protestas escalonadas del transporte”, explicó el periodista, según RedBoing. A medida que aumentó la tensión, las demandas económicas quedaron en segundo plano y las movilizaciones comenzaron a concentrarse exclusivamente en exigir la salida del presidente.
“Ya no se habla de reivindicaciones en ciertos sectores. Ahora toda la protesta gira en torno de la renuncia de Rodrigo Paz”, resumió. Pese al complejo escenario, el Gobierno boliviano mantiene su postura de no abandonar el poder y ratificó que defenderá la institucionalidad democrática.
Según detalló Salas, organismos como la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y entidades de derechos humanos intentan mediar para abrir una instancia de diálogo entre el Ejecutivo y los sectores movilizados. De igual manera aclaró que el presidente convocó al diálogo, pero la Central Obrera rechazó participar.
En paralelo, desde sectores políticos y empresariales surgieron respaldos al sistema democrático. Uno de los pronunciamientos más fuertes llegó desde el Comité Cívico de Santa Cruz, una de las regiones económicamente más importantes del país. En ese contexto, pidieron un estado de sitio regionalizado mientras que respaldaban la continuidad democrática frente a lo que consideraban intentos de desestabilización.