Itongadol/Agencia AJN.- Un funcionario iraní admitió que alrededor de 2.000 personas murieron durante las protestas que sacuden al país, aunque atribuyó las muertes de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad a la acción de “terroristas”, según declaraciones brindadas a la agencia Reuters.
El reconocimiento oficial se produjo mientras la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó una fuerte preocupación por el uso de la fuerza por parte de las autoridades iraníes contra manifestantes. El alto comisionado Volker Türk afirmó estar “horrorizado” por el aumento de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra protestas mayormente pacíficas.
“Este ciclo de violencia horrífica no puede continuar. El pueblo iraní y sus demandas de justicia, igualdad y equidad deben ser escuchadas”, señaló Türk en un comunicado leído por el portavoz del organismo, Jeremy Laurence.
Consultado sobre la magnitud de las muertes, Laurence indicó que, según fuentes propias de la ONU en Irán, las cifras que manejan ascienden a “cientos”, aunque aclaró que existen importantes dificultades para verificar datos de manera independiente.
Diversas organizaciones y medios han difundido estimaciones significativamente más altas que las reconocidas por el régimen. El canal Iran International aseguró que más de 12.000 personas habrían muerto durante las protestas, principalmente en el transcurso de dos noches de represión particularmente intensa, y calificó los hechos como “la mayor matanza en la historia contemporánea de Irán”.
Por su parte, la organización estadounidense de derechos humanos HRANA confirmó al menos 646 muertes desde el inicio de las manifestaciones el mes pasado.
Iran International afirmó que sus cifras se basan en información obtenida de fuentes cercanas al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, funcionarios de la oficina presidencial y miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en ciudades como Mashhad, Kermanshah e Isfahán. También incluyó testimonios de testigos presenciales, familiares de víctimas, reportes de campo, datos de centros médicos y declaraciones de personal sanitario en distintas regiones del país.
La falta de acceso a información independiente y las restricciones impuestas por el régimen dificultan establecer un número definitivo de víctimas, en medio de una de las crisis internas más graves que enfrenta la República Islámica en décadas.