Por: Dante Marín
Columnista de Ambito Financiero
La Casa Rosada definió que la «estrategia integral» para dar un nuevo impulso a la causa AMIA requiere, «necesariamente», quitar del medio al juez federal Claudio Bonadío. El magistrado tiene en sus manos el «expediente madre» donde se investigan las supuestas irregularidades cometidas en la instrucción del caso que, desde sus inicios, llevó el suspendido juez Juan José Galeano.
El gobierno sueña con tomar el control de esa causa y comprometer a Carlos Menem, Carlos Corach, Hugo Anzorregui y, obviamente, Galeano como responsables penales y políticos de que el caso terminara sin condenados.Cree que así compensaríael efecto negativo que provocó en la comunidad internacional el fallo absolutorio del tribunal a los acusados del ataque terrorista.
Por eso está interesado en reflotar la versión del denominado «testigo C», un informante iraní que habló -y después se desdijo- sobre el depósito de 10 millones de dólares efectuado por pedido de un enviado de Menem en una cuenta suiza para negar la participación de Irán en el ataque.
Para lograr que sea ésta la «pista» por donde se encamine la investigación, la Casa Rosada necesita de un juez más consustanciado con su línea de hipótesis.
La administración Kirchner ha supuesto que la « solución Bonadío» (como gusta llamarla a algunos hombres del gabinete) corre por dos andariveles:
• Apurar una definición de la Cámara Federal para apartar al juez federal de la causa. A Bonadío se le atribuye un vínculo con el ex ministro del Interior Carlos Corach. Esta presunta relación fue denunciada por el tribunal que juzgó la voladura del edificio de la mutual judía.
• Apurar el juicio político. La semana próxima a Bonadío se lo va a presentar como un caso concreto de juez que «cajonea causas» y «las lleva a la prescripción sin hacer nada».
Es decir, ingresaría en una lista de jueces que permiten que las causas prescriban. Su situación está comprendida en la reforma del Código Procesal Penal que por estos días el gobierno impuso como polémica.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ya dio instrucciones para que la Oficina Anticorrupción (AO) realice un relevamiento sobre casos de dilaciones y prescripciones que deben ser llevados al Consejo de la Magistratura para abrir el juicio político contra los magistrados.
El jefe de la Unidad Especial de Investigaciones de la causa AMIA (UEI), Alejandro Rúa, aportó varias carpetas que tienen a Bonadío como cabeza de serie.
El secretario Rúa, el mismo que acusa a Menem de encubrir el atentado a la AMIA, pidió hace dos meses el juiciopolítico de Bonadío por retardo y obstaculización de justicia.
El jefe de la Unidad de Investigaciones va a insistir para que la OA eleve al consejo de jueces documentos que supuestamente muestran cómo Bonadío «impidió con la misma y persistente arbitrariedad el avance de las pesquisas sobre la AMIA». En tal sentido, le imputará que:
• «Tiene a su cargo un expediente en el que desde hace más de cuatro años se encuentra obligado a investigar el irregular proceso de negociación que llevara a la declaración consensuada de Carlos Telleldín en la instrucción judicial, entonces a cargo del suspendido juez Galeano.»
• «No ha concretado ninguna diligencia procesal destinada a sumar pruebas al respecto y en general ha demostrado un retardado accionar judicial como director de la investigación que casi no avanzó en esos cuatro años.»
• «No ha hecho más que obstaculizar con tanta persistencia como arbitrariedad la labor que se imponía que concretaran los otros organismos públicos sí interesados en el avance de las pesquisas.»
• «La Cámara Federal de Apelaciones tuvo que corregir numerosas veces la desviada actuación del cuestionado magistrado; y hasta el pleno de esa Cámara Federal lo ha cuestionado severamente.»
De este modo, se intentará apartar, entonces, al juezobstáculo como único modo de que la causa avance con el rumbo que pretende el gobierno.
2005-02-11 / Ambito Financiero