Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- Los ex policías bonaerenses Oscar Bacigalupo y Argentino Lasala, todavía imputados por diversos delitos comunes vinculados a una presunta extorsión a Carlos Alberto Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic que estalló en la AMIA, declararán mañana, jueves, en la vigésima primera audiencia del juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices de ese atentado.
En la segunda vuelta de testimoniales de uniformados retirados se espera que fustiguen la actuación del destituido juez Juan José Galeano y los entonces fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes los detuvieron, procesaron y mandaron a un juicio que sigue demorado por una disputa de competencia entre dos jueces, tras la anulación de sus sobreseimientos por parte de la Corte Suprema.
Si se completa el trámite ante el Tribunal Oral Federal N° 2, otro hito de mañana sería el debut oficial en la querella de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Mariana Stilman, designada por el nuevo titular del organismo, el ex senador radical Mario Cimadevilla, tras la dimisión o despido de la mayoría de los integrantes de esa parte.
En el lento devenir del debate, hasta ahora se llevaron a cabo audiencias formales y las declaraciones de algunos ex policías y familiares nucleados en la Asociación 18J y Memoria Activa.
Entre los 140 testigos citados también se encuentran la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros de la entonces Comisión Bicameral parlamentaria que acompañaba la investigación, el ex prosecretario judicial Claudio Liftschitz, quien reveló el supuesto encubrimiento, y el exiliado espía Stiuso.
El esperado y muy demorado juicio oral, que comenzó el 6 de agosto de 2015 y podría durar hasta dos años, reúne dos causas: el pago ilegal, con aval judicial, a Telleldín de 400.000 dólares de fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado para que acusara -se presume que falsamente- a policías bonaerenses, y la interrupción de la investigación contra Alberto Kanoore Edul, vinculado al entonces presidente Carlos Menem y que es clave para la “pista siria”, más otros delitos que habrían cometido Galeano, Mullen y Barbaccia.
Por ambos hechos están imputados el ex magistrado y el ex secretario de Inteligencia menemista, Hugo Anzorreguy, mientras que solo por el primero también se acusa a los ex fiscales, el ex espía Patricio Finnen, el entonces titular de la DAIA Rubén Beraja y el propio Telleldín, Boragni y su ex abogado Víctor Stinfale, por recibir y usufructuar el dinero.
Por el otro caso son enjuiciados Menem, el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchézar y los ex comisarios de la Policía Federal Jorge Palacios y Carlos Castañeda, ya condenado por la destrucción o pérdida de otras pruebas.
Por haber fallecido no son juzgados el ex espía Alejandro Brousson y el ex funcionario Munir Menem, hermano del entonces Presidente.
Enfrente están los fiscales que reemplazaron a Nisman y seis querellas de familiares de víctimas -Memoria Activa, 18J y APEMIA-, instituciones judías -AMIA y DAIA-, los ex policías y la mencionada del Ministerio de Justicia.
La causa había recaído originalmente en el Tribunal Oral Federal Nº 3, el mismo que había actuado en el juicio de 2001 a 2004, en el que todos los acusados resultaron absueltos y que la Corte Suprema anuló parcialmente, así que volvió a sortearse.