Itongadol/ AJN.- El Tribunal Superior de Justicia ordenó hoy desmantelar en un plazo de dos años la nueva comunidad de Samaria, ubicada en el puesto israelí de Amona, situado en el centro de Cisjodania, porque la “construcción es ilegal al estar establecida sobre tierras privadas”. Si la decisión se mantiene, sería el final de una lucha legal de larga data de los residentes de Amona para protegerse de los tractores de la Administración Civil, que durante mucho tiempo han estado a punto de demoler las casas de la comunidad.
En su decisión, la Corte dijo que a pesar de los detalles de la propiedad de la tierra aún no han sido plenamente establecidos, "las viviendas en Amona se construyen en tierras privadas y no hay manera de legalizar su presencia.”
Y añadió: “El comandante de las FDI de Judea y Samaria debe proteger activamente los derechos de propiedad de todos los residentes, y que incluye la prevención de las partes no autorizadas tomen propiedad que no les pertenece. La construcción de viviendas por tales partidos en tierras privadas es ilegal y en lugar de cualquier otro acuerdo que deben ser derribadas”
El tribunal rechazó las acusaciones realizadas por residentes en Amona que habían comprado legalmente la tierra. Incluso si lo hubieran hecho, los hogares no fueron construidos con permisos o licencias de las comisiones de planificación y demás entidades jurídicas cuya aprobación se requiere para la construcción.
Amona ha sido objeto de disputa legal durante casi dos décadas, desde que el Estado lo propuso como alternativa que busca construir, conservar y demolerlo. Amona, en el centro de Samaria, fue establecido en 1995 en tierras que los árabes habían cultivado, pero no tenía una clara propiedad. En 2004, el estado ordenó la demolición de nueve casas que se habían construido en el sitio, y en 2006, el ejército israelí y la policía salió con toda su fuerza para eliminar los residentes y los cientos de manifestantes que esperaban detener la demolición. Más de 300 personas resultaron heridas, entre ellas tres miembros de la Knesset. En una investigación posterior, el Knesset decidió que la policía había ejercido una fuerza excesiva en la eliminación de los manifestantes
