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AMIA/Atentado. Memoria Activa: “Cada vez que viajamos a Washington suceden cosas”

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La decisión del juez Ariel Lijo de elevar a juicio la causa por el encubrimiento de Alberto Jacinto Kanoore Edul, en el marco del atentado a la AMIA, “hace tiempo la estábamos esperando”, declaró la presidenta de Memoria Activa, Adriana Reisfeld, a la Agencia Judía de Noticias (AJN).
“Ahora esperamos tener el juicio este año”, ya que los miembros del Tribunal Oral Federal Nº 2 “demoraban empezar el debate de la primera parte (sobre el pago a Carlos Telleldín, último poseedor conocido de la camioneta-bomba, para declarar contra policías bonaerenses) para unificarla” con este segundo segmento, explicó.
Para la hermana de Noemí Graciela Reisfeld, una de las 85 víctimas del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, “las expectativas son que haya un juicio serio” y que si los imputados “son inocentes, queden libres y si son culpables, vayan presos”.
Además, anheló “que sepamos qué llevó al encubrimiento a un Presidente de la Nación (Carlos Menem), el secretario de Inteligencia (Hugo) Anzorreguy (y su segundo, Juan Carlos) Anchezar, Munir Menem, (el entonces juez Juan José) Galeano y el resto”.
Por otra parte, “cada vez que viajamos o Memoria Activa desempolva cosas, suceden otras”, agregó Reisfeld, irónica, en relación a la infructuosa reunión del sábado pasado entre este organismo y el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington.
“Somos los únicos que reclamamos, y por eso se obtienen algunas cosas”, se ufanó.
La presidenta de Memoria Activa calificó como “horrible” ese encuentro en la capital estadounidense “porque el papel del Estado argentino fue muy triste: nada tenía para informar después de dos años sin reuniones”, lo cual les dejó “un sabor amargo”.
“La funcionaria argentina dijo: ‘Estamos en marzo, recién empiezan las sesiones de Diputados y este año se va a elevar a juicio’”, a lo cual le respondieron que “hace siete marzos que Kirchner firmó el decreto” 812/2005, por el cual reconoció la responsabilidad estatal en la imprevisión e impunidad y se comprometió a tomar numerosas medidas que nunca se llevaron a la práctica, relató Reisfeld a AJN.
“Nos dio vergüenza por el comisionado” Rodrigo Escobar Gil, quien “tomó muy seriamente” el reclamo de la entidad “y dijo que van a pedir una cantidad de requerimientos a la Cancillería y a Memoria Activa y en tres o cuatro meses van a hacer un informe de fondo que van a elevar a la Corte Interamericana, en Costa Rica”, prosiguió.
De todos modos, el funcionario le recomendó al Estado argentino que “va a ser mejor si en el ínterin se cumplen algunos puntos” de los prometidos, contó la presidenta de Memoria Activa.
Este trámite “no es largo, como la ‘solución amistosa’, que fue algo sin fin”, aclaró Reisfeld.
En su fallo de 322 fojas, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 consideró “acreditado que Carlos Saúl Menem, en connivencia con su hermano Munir Menem, hicieron manifiesta su voluntad al Juez a cargo del Juzgado Federal n° 9, por ese entonces Juan José Galeano, a los fines de que, con la colaboración de sus auxiliares de justicia -la Policía Federal Argentina, en representación del D.P.O.C. a cargo de Carlos Castañeda y la División Operaciones Federales, por ese entonces comandada por Jorge Alberto Palacios- y la S.I.D.E. -que tenía como Secretario a Hugo Anzorreguy y como Sub-Secretario a Juan Carlos Anchezar- se logre ocultar, favorecer y entorpecer la investigación” de Kanoore Edul.
Con ese fin se utilizaron “mecanismos procesales y extra procesales ilícitos que tuvieron como consecuencia la indeterminación de la verdad material que podría haberse obtenido si se hubiese obrado de modo lícito”, agregó.
El magistrado recordó que “esa metodología comenzó a configurarse el 1° de agosto de 1994 y se prolongó hasta que Carlos Menem dejó de ser Presidente de este país a fines del año 1999, oportunidad en la cual el juez instructor comenzó un intento de reactivación, con el impulso de medidas probatorias significativas que, a los efectos de lograr el descubrimiento de la verdad y por encontrarse consumado el objeto de sus decisiones, fue en vano”.
Por otra parte, Lijo ordenó que se sigan investigando algunos lineamientos que surgieron de esta pesquisa e invitó a las partes a aportar pruebas para profundizar causas que se tramitan de manera conexa y que involucran al propio Galeano, a los ex ministros Carlos Federico Ruckauf y Carlos Vladimiro Corach, a ex senadores y diputados como el fallecido Carlos Soria, al ex comisario Luis Vicat y a la Secretaría de Inteligencia, entre otros.

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