AMIA: No fue error el faltante de explosivos

Sin resultados positivos, el juzgado federal de Azul y la Policía Federal continúan la búsqueda de los 2820 kilos de explosivos que en enero desaparecieron de la Fábrica Militar de Azul (Fanazul).
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Al mismo tiempo, pierde fuerza la hipótesis de que el material, que tiene una vida útil de seis meses, se entregó por error a un cliente de la planta.
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Luego de que LA NACION informó el domingo la desaparición de casi tres toneladas de anfo -el mismo tipo de explosivo que se empleó en la voladura de la AMIA, aunque el volumen que se busca ahora es siete veces superior-, el juzgado federal de Azul decretó el secreto de sumario.
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A medida que pasan los días se desvanece la posibilidad, barajada en un comienzo, de un error por parte de la fábrica en la entrega de explosivos a un cliente.
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«Se sospechaba de un usuario que debía retirar 2820 kilos de anfo. En la fábrica pensaban que tal vez le entregaron el doble por equivocación. Pero el cliente lo ha negado. Vimos los papeles de este empresario que se dedica a voladuras y están en orden», respondió a LA NACION una importante fuente del Registro Nacional de Armas (Renar), organismo que se encarga del control de la venta de explosivos y que ya inició un sumario a Fanazul.
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«No -respondió ante una pregunta-, a nosotros no nos compete allanarle los polvorines a este empresario, pero suponemos que ya lo hizo la Justicia y que no encontró el faltante de Fanazul. Fuimos a la fábrica el 2 de marzo y comprobamos que ni los cercos perimetrales ni las cerraduras estaban forzadas. Sabemos que el faltante se descubrió al examinarse el stock, porque en la documentación no figuraba la salida de los 2820 kilos.»
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El anfo es una combinación de nitrato de amonio y gasoil que Fanazul vende bajo el nombre comercial de Nago y en dos tipos. El que desapareció es Nago 280 y estaba embalado en 90 bolsas de casi 30 kilos cada una.
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La desaparición se habría producido en enero, pero se descubrió en febrero, cuando personal de Fanazul inspeccionó el stock de Nago. Las 90 bolsas ausentes no figuraban como vendidas en la documentación comercial de la planta. La denuncia judicial la efectuó el director de Fanazul el 27 de febrero.
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El valor comercial del Nago es muy escaso. Las casi tres toneladas que busca la Justicia sólo cuestan 3000 pesos.
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Pero los expertos sostienen que su precio en el mercado ilegal puede subir considerablemente si quien necesita comprarlo no está anotado en los registros oficiales.
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La ley nacional de armas y explosivos establece que sólo pueden adquirir explosivos los usuarios autorizados y que figuran en un registro oficial.
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«Estas compras y ventas se vuelcan en la Planilla de Movimiento, donde cada explosivo tiene un código y cada usuario un número de registro», explica la fuente del Renar.
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El nitrato de amonio no sólo se usó en la voladura de la mutual judía en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, sino también en los atentados contra un edificio estatal en Oklahoma (1995), la embajada de Estados Unidos en Nairobi (1998) y objetivos ingleses en Estambul (noviembre de 2003).
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Es el explosivo preferido por grupos vinculados con Al-Qaeda y es la misma sustancia que Scotland Yard descubrió oculta en un almacén de Londres, el martes último. La policía inglesa supone que los 500 kilos de nitrato de amonio estaban destinados a un atentado terrorista, por la envergadura del material explosivo y porque en el mismo operativo se detuvo a ocho paquistaníes.
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Por sí solo, el nitrato de amonio es un fertilizante de venta libre. Combinado con gasoil se convierte en anfo, y con aluminio, en amonal. Estos dos explosivos, anfo y amonal, requieren un detonador y un reforzador para estallar.
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Sin controles
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Cuando aún estaba a cargo de la investigación de la voladura de la AMIA, el juez federal Juan José Galeano comprobó la falta de controles sobre los explosivos contemplados por la ley 20.429, y el 14 de diciembre de 1999 radicó la denuncia judicial, luego archivada por el juez federal Jorge Ballestero.
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Al elevar a juicio oral la causa de la AMIA, Galeano escribió el 26 de febrero de 2000: «La ley que regula el manejo de explosivos es una mera expresión de deseos, ya que no puede establecerse en forma alguna el recorrido concreto de este material desde su importación o producción en el país y su ulterior uso».
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La ley 20.429, llamada de armas y explosivos, es de 1973, y su última reglamentación data de 1983, mediante el decreto 302.
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Desde entonces, más que agua han pasado varios atentados explosivos bajo el puente: el de la embajada de Israel, en 1992; el de la AMIA, en 1994, y el de la Fábrica Militar de Río Tercero, en 1995.
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Actualmente, sostiene la fuente del Renar, se estudia una puesta al día de la legislación, en la que interviene ese organismo.
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Por Jorge Urien Berri
La Nacion