La Knesset aprobó esta noche, por un amplio margen de 65-33, la Ley de Referéndum Nacional, que exige que toda concesión sobre Jerusalem y las Alturas del Golán sea aprobada por una mayoría especial de al menos 80 legisladores o una consulta popular. La enmienda no alcanza a Judea y Samaria, ya que nunca fueron anexadas por Israel.
Al haber conseguido más de la mitad del total de los diputados (61), la nueva norma alcanza el nivel de una enmienda a la Ley Fundamental del Estado, lo más parecido a una Constitución, de la que carece el Estado judío.
La nueva ley, impulsada por el titular de la Comisión Institucional parlamentaria, Yariv Levín, del oficialista Likud, estipula que antes de entregar zonas anexadas, todo gobierno israelí deberá llevar una propuesta a la Knesset, la cual deberá ser aprobada por 80 votos (dos tercios del total) o más.
De no alcanzarse esa cifra, deberá convocarse a un referéndum nacional dentro de los 90 días posteriores a esa votación, el cual aprobará o rechazará la moción por simple mayoría.
Esta consulta, creada por esta ley, no se suspenderá aun si cae el gobierno, sino que se realizará en la misma fecha que los comicios para elegir a las nuevas autoridades.
El primer ministro, Benjamín Netanyahu, declaró que “una ley como ésta evitará acuerdos irresponsables y le permitirá al gobierno obtener un fuerte apoyo público a cualquier acuerdo que responda a los intereses nacionales de Israel”.
Por su parte, Kadima se opuso a la medida, que había respaldado en principio, y llamó a sus diputados a votar en contra, si bien algunos de ellos optaron por ausentarse de la sesión para no desobedecer la disciplina partidaria, pero tampoco traicionar sus convicciones, como el ex ministro de Defensa y jefe del Ejército Shaúl Mofaz.
Las opiniones también estaban divididas en Avodá, que integra la coalición y finalmente dio libertad para que cada diputado vote a consciencia, si bien varios decidieron no participar de la sesión.
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