A doce años del atentado a la Embajada de Israel, el primer ataque terrorista en nuestro país, cobra fuerza la hipótesis de que la llamada «conexión local» provino de grupos fundamentalistas islámicos que llegaron aquí en los años 80, y que habrían actuado como «células dormidas» hasta que prestaron colaboración con el ataque, el 17 de marzo de 1992, que dejó un saldo de 85 muertos y 350 heridos.
Esta es la idea que, en otros términos, expresó a Clarín el embajador de Israel, Benjamin Oron. Y forma parte de una de las líneas de investigación que retomó la Corte Suprema en el último mes.
«Por lo que nosotros sabemos, en los 80 acá ya se había creado una infraestructura para los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, en julio de 1994. No empezó en los 90, esto ya venía formándose en los 80, en algunos sectores radicalizados de la comunidad shiíta en Argentina», señaló Oron.
Y agregó que, más allá del eventual apoyo desde la Triple Frontera, «tenían desarrollada una estructura en la Argentina. Es sabido también de la causa AMIA, toda la actividad que tuvo acá el agregado cultural de Irán Moshen Rabbani, y sus antecesores, la llamada promoción de la revolución jomeinista».
«Aunque quiero enfatizar —agregó— que no estoy hablando de ninguna comunidad en su generalidad, sino de grupos radicalizados que estaban a disposición para todo tipo de tareas».
El diplomático se refería así a los seguidores de la revolución iraní de 1979, cuando el ayatolá Ruhollah Jomeini llegó a Teherán, desde su exilio en París, y consumó la primera revolución musulmana moderna: puso fin a la monarquía pro occidental del sha Reza Palhevi, e instauró la República Islámica de Irán.
En coincidencia con esta hipótesis, la Corte Suprema, a cargo de la investigación, empezó a averiguar si existió un grupo de familias de origen sirio, instaladas en el país desde los 80, que se fueron de Argentina poco después del ataque.
La llamada «pista siria» no es nueva en la investigación, pero hasta ahora no se habían obtenido elementos de prueba suficiente. En diciembre de 1999, y luego de dos años de investigación en la secretaría a cargo de Esteban Canevari, el tribunal firmó una resolución en la que responsabilizó por el ataque a la organización terrorista Hezbollah, a través de su brazo armado Jihad Islámica.
La investigación judicial del atentado ya sumó 43.000 páginas escritas, 3.185 testigos, 1.845 fotos, 25 líneas telefónicas intervenidas, 21.666 casetes con grabaciones de esas conversaciones, y 5 cajas fuertes de documentación reservada. Pero ningún detenido.
En la Corte Suprema aseguran que se hizo todo lo humanamente posible para esclarecer el ataque, pero sólo identificaron a quien consideran el autor ideológico, la Jihad, y pidieron la captura internacional de uno de sus líderes, Imad Mughniyah.
Sin embargo, buena parte de la comunidad judía acusa a la Corte y al gobierno del entonces presidente Carlos Menem de haber demorado y obstaculizado la investigación. Incluso, esta causa formó parte de la acusación que la Comisión de Juicio Político de Diputados realizó en el 2002 contra los jueces de la Corte.
La mayor parte de las críticas se las llevan los primeros años de la investigación, cuando el caso estuvo en manos del ex presidente de la Corte Ricardo Levene (h). Y buena parte de las pistas se profundizaron recién en 1997, con la delegación de la investigación en una secretaría especial.
Sin embargo, las conclusiones finales de la causa no parecen estar cerca. El miércoles, cuando se cumplan 12 años del atentado, la esquina de Arroyo y Suipacha, donde ahora hay una plaza seca, será escenario de un nuevo acto, a la hora exacta de la explosión que hizo entrar a la Argentina en el escenario del conflicto entre el mundo árabe e Israel.
Fte Clarin