Los representantes de Malasia, Madagascar y Senegal intervinieron en la sesión de tarde de las audiencias y se mostraron a favor de que la CIJ, tal y como le ha pedido la Asamblea General de la ONU, emita una «opinión consultiva», sin carácter vinculante, sobre las consecuencias legales de la construcción del muro.
El ministro de Asuntos Exteriores de Malasia, Syed Hamid Albar, afirmó que la construcción del muro debe pararse, ya que no respeta la línea verde, marca imaginaria que separa el territorio de Israel y Cisjordania.
Además, agregó, «el muro no respeta la integridad territorial de Palestina, viola la IV Convención de Ginebra (la protección de la población civil en tiempos de guerra) y es un intento ilícito y de facto de anexión de tierras».
Igualmente, se refirió a las críticas de Israel, que ha asegurado que si la Corte emite esa opinión, supondrá un obstáculo para el desarrollo del proceso de paz en la región.
«No entiendo cómo el hecho de dar una opinión podría poner en peligro la aplicación de la Hoja de Ruta», afirmó Albar, que agregó que «la tentativa de demandar a la CIJ que no dé su opinión es un intento de politización de la Corte».
Al respecto, precisó que «a la Corte se le ha planteado una cuestión jurídica, no ambigua, no el estudio de eventuales escenarios sobre consecuencias políticas».
El representante de Malasia señaló también que Israel no ha aportado ninguna justificación sobre sus derechos sobre esos territorios, «se trata de una simple ocupación de territorios palestinos».
Por su parte, el representante permanente de Madagascar ante la oficina de Ginebra de la ONU, Alfred Rambeloson, aseguró que el muro se construye con «ausencia de compatibilidad con la legislación internacional».
Además, insistió en que, con su postura, Israel está incumpliendo la regla de proporcionalidad que debe existir entre los actos de violencia y la respuesta a los mismos.
«La comunidad internacional no puede permanecer impasible ante la violencia» que protagonizan las acciones israelíes.
Rambeloson indicó que «el poder ocupante está violando las disposiciones del derecho internacional y del derecho humanitario en el territorio palestino ocupado, con un muro que se aleja de la línea verde».
«Reconocemos el derecho de Israel a proteger a sus nacionales pero eso no le autoriza a violar impunemente las disposiciones del derecho humanitario internacional y de la IV Convención de Ginebra», agregó.
Igualmente, se refirió a las graves consecuencias del muro para la población palestina, ya que «limitará los desplazamientos, afectará a la alimentación palestinos y favorecerá restricciones sin precedentes de los derechos humanos».
En el mismo sentido se manifestó el embajador de Senegal en Holanda, Saliou Cisse, que denunció las «graves violaciones de los derechos humanos y de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales» de la población palestina.
Los palestinos no podrán ejercer su derecho a la libertad de movimiento, a la educación, a la salud, a la alimentación, dijo el embajador, que pidió a la CIJ que exija la suspensión de la construcción del muro.
Las audiencias que celebra la CIJ para pronunciarse sobre las consecuencias legales de la construcción del muro finalizarán mañana, con la intervención de Sudán, la Liga de Estados Arabes y la Organización de la Conferencia Islámica. EFE agf/chs
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