Rescataron la voluntad del presidente Néstor Kirchner
Los cuestionamientos apuntaron al juez Claudio Bonadío y a consejeros de la Magistratura
Reunión de trabajo de la CIDH
WASHINGTON.- Sin frases altisonantes ni buscando polemizar, las cuatro mujeres que representaron a los familiares de las víctimas de la AMIA acusaron ayer en esta capital a varios funcionarios de los tres poderes del Estado argentino de seguir trabando el esclarecimiento del atentado ocurrido el 18 julio de 1994 y promoviendo la impunidad de los responsables del ataque y del posterior encubrimiento.
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«Queremos rescatar la voluntad del presidente Néstor Kirchner y de esta mesa negociadora, pero en el medio de todo esto hay otros canales que están interfiriendo en este proceso de solución amistosa», afirmó Diana Malamud, viuda de una víctima y dirigente de Memoria Activa, durante una reunión de trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Sentadas a la izquierda y a la derecha de Malamud asintieron Adriana Reisfeld, también de Memoria Activa; la directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Andrea Pochak, y la delegada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Julieta Dicorleto.
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Las acusaciones apuntaron al juez federal Claudio Bonadío, a los integrantes de las cámaras Federal y del Crimen con asiento en la ciudad de Buenos Aires y a los consejeros de la Magistratura Miguel Angel Pichetto (senador PJ) y Joaquín Da Rocha, el representante del Ejecutivo.
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Desafío
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«¿Cómo es posible que Pichetto y Da Rocha, que en teoría son kirchneristas, hayan votado en el Consejo de la Magistratura que Bonadío no debe ser investigado, cuando el presidente Kirchner y sus delegados nos dicen que quieren destituirlo?», desafió Malamud.
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Minutos antes, los enviados del Estado -el secretario de Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Méndez Carrera; la asesora del Ministerio de Justicia Andrea Gualde, y el titular de la Unidad de Investigación AMIA, Alejandro Rúa- habían reiterado la voluntad del Gobierno de revertir el derrotero de la doble investigación y destituir por juicio político a Bonadío.
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«Desastre»
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«La investigación sobre el atentado es un desastre y la causa sobre el encubrimiento es cierto que está paralizada por el pedido de apartamiento del juez Bonadío, que para el Ejecutivo merece su destitución. Pero es difícil incidir sobre el Consejo de la Magistratura, que es un órgano separado del Ejecutivo», explicó Rúa.
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En la causa por el encubrimiento se investiga la presunta responsabilidad del ex juez federal Juan José Galeano, del ex jefe de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) Hugo Anzorreguy y del ex ministro del Interior Carlos Corach.
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Los delegados oficiales detallaron también los avances obtenidos en los distintos objetivos acordados en marzo último en una audiencia ante la CIDH, cuando el Estado reconoció su culpa por el fracaso de la investigación por el atentado.
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Por Hugo Alconada Mon
Corresponsal en EE.UU.
La Nacion