El relator para la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Florentín Meléndez, pidió que se establezca un cronograma de medidas y acciones en la investigación del caso AMIA. «Tiene que haber un compromiso con fechas», dijo ante la evidencia de la falta de avances tanto en la investigación del atentado como en la de encubrimiento.
«Nosotros queremos saber la verdad», dijo durante la reunión celebrada en Washington, Adriana Reisfeld, de Memoria Activa.
«Pero no hay nada que nos haga pensar que estamos cerca de eso.
Las cosas no se están cumpliendo», agregó.
«Creemos en la buena voluntad», dijo por su parte Diana Malamud, refiriéndose a los representantes del Gobierno argentino que estaban presentes: el secretario de Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Méndez Carreras; la asesora del Ministerio de Justicia para asuntos de Derechos Humanos, Adriana Gualde, y el titular de la unidad especial AMIA del Ministerio de Justicia, Alejandro Rua. «Sin embargo, los buenos deseos no siempre representan lo que el Estado puede hacer».
La reunión es parte del proceso de solución amistosa que comenzó entre las partes, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos después del reconocimiento oficial que hizo el Estado el 4 de marzo pasado de su responsabilidad en la violación de los derechos humanos en el caso AMIA.
Las dos representantes de Memoria Activa viajaron a Washington sólo por el día. «Es que después de 10 años estamos de vuelta en cero y si bien Galeano fue destituido, no ha sido procesado y ninguno de sus empleados fue sancionado. Todo lo contrario», dijo Diana a Clarín, después de la sesión. «Si bien hubo algunos avances, en el medio hay otros canales y caminos que desconocemos, pero que están frenando el avance», agregó.
En la lista de reclamos presentados por la representantes de Memoria Activa, que estaban acompañadas por Andrea Pochak del CELS y Julieta Dicorleto, del CEJIL, figuran entre otros:
La recusación del juez Bonadio que todavía no ha sido resuelta y mantiene a la causa por encubrimiento totalmente paralizada. El Consejo de la Magistratura decidió que el caso permanezca en la Comisión de Disciplina, pese que los peticionantes han pedido que pase a la Comisión de Acusación.
La firma del decreto que otorga a Alejandro Rua, de la Unidad AMIA el poder de querellar para poder avanzar en las investigaciones, aún sin firma del Presidente.
Dos proyectos de leyes que todavía no han sido adoptados: el de control de los fondos reservados de los organismos de Inteligencia y el de la judicialización de los archivos de Inteligencia.
El proyecto de ley reparatoria para todas la víctimas todavía esta en estudio. •
Ana Baron
WASHINGTON
CORRESPONSAL
Clarin