Itongadol/Agencia AJN.- Una investigación independiente de dos años sobre los crímenes sexuales y de género cometidos durante la masacre del 7 de octubre de 2023 y contra los rehenes en cautiverio de Hamás sostiene que la siguiente etapa ya no consiste solo en documentar que los crímenes ocurrieron, sino en determinar cómo pueden ser procesados.
La Comisión Civil sobre los Crímenes del 7 de Octubre de Hamás contra Mujeres y Niños, dirigida por la Dra. Cochav Elkayam-Levy, laureada con el Premio Israel y experta en derecho internacional, publicó el martes su informe “Terror sexual al descubierto: Las atrocidades no contadas del 7 de octubre y contra los rehenes en cautiverio”, que presenta lo que describe como el registro probatorio más extenso recopilado hasta la fecha sobre las atrocidades sexuales del 7 de octubre de 2023 y el cautiverio en Gaza.
La principal contribución del informe no reside únicamente en su conclusión de que la violencia sexual y de género fue sistemática, generalizada e intrínseca al ataque, sino también en su intento de pasar del reconocimiento al enjuiciamiento, una cuestión que ha ensombrecido el caso desde los primeros días posteriores a la masacre, cuando muchas víctimas fueron asesinadas, las escenas del crimen fueron incendiadas o destruidas, la documentación forense fue incompleta y los testigos supervivientes a menudo estaban traumatizados, solo vieron fragmentos o no pudieron testificar.
La respuesta que ofrece el informe es un modelo probatorio basado no en un solo testigo, video o hallazgo forense, sino en pruebas acumulativas: materiales preservados, relatos contrastados, patrones recurrentes y la conexión jurídica entre crímenes específicos probados y el entramado general del 7 de octubre.
Este modelo se sustenta en lo que la Comisión denomina un archivo especializado en crímenes de guerra, que comprende más de 10.000 fotografías y fragmentos de video, lo que supone más de 1800 horas de análisis visual, junto con más de 430 testimonios, entrevistas y reuniones con supervivientes, testigos, rehenes liberados, expertos y familiares. Según el informe, las víctimas representadas en el análisis de datos pertenecen a 52 nacionalidades.
El material fue registrado, codificado, referenciado, mapeado cronológica y geográficamente, e integrado en una base de datos centrada específicamente en delitos sexuales y de género. La investigación también utilizó material de fuentes abiertas, conjuntos de datos con geolocalización, visitas al lugar, consultas con expertos y prácticas de documentación con enfoque en el trauma.
Dado que la Comisión comenzó a recopilar pruebas inmediatamente después de los ataques, el informe señala que preservó material inicial y perecedero, incluyendo grabaciones originales, comunicaciones y testimonios que posteriormente fueron eliminados o perdidos.