Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro Benjamin Netanyahu condenó “enérgicamente” el ataque perpetrado por manifestantes haredíes contra dos soldados mujeres de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la ciudad ultraortodoxa de Bnei Brak, en el centro del país.
En un comunicado oficial difundido por su oficina, Netanyahu calificó los hechos como “un asunto grave y completamente inaceptable” y expresó su respaldo tanto a las militares agredidas como a los efectivos policiales que intervinieron en el lugar.
“Condeno firmemente los disturbios violentos en Bnei Brak contra soldados femeninas de las FDI y agentes de la Policía de Israel”, declaró el mandatario. “Se trata de una minoría extrema que no representa a toda la comunidad haredí”.
Los incidentes se produjeron en el marco de protestas protagonizadas por sectores ultraortodoxos radicales, que en los últimos años han manifestado su oposición al servicio militar obligatorio y a la presencia de mujeres uniformadas en determinados espacios públicos de barrios de mayoría haredí.
Según reportes locales, las soldados fueron increpadas y rodeadas por un grupo de manifestantes, lo que obligó a la intervención de la policía para dispersar a los agresores y garantizar su seguridad. No trascendieron detalles oficiales sobre detenciones o heridos, aunque las autoridades señalaron que se investigarán los hechos.
Netanyahu aseguró que el gobierno no permitirá que episodios de este tipo se repitan. “No permitiremos la anarquía”, afirmó. “No toleraremos ningún daño a miembros de las FDI ni a las fuerzas de seguridad que cumplen su labor con dedicación y determinación”.
El primer ministro también buscó evitar que el incidente derive en una estigmatización generalizada de la comunidad ultraortodoxa, subrayando que los responsables constituyen un grupo reducido y no reflejan a la mayoría del público haredí.
El ataque reaviva el debate en Israel sobre las tensiones entre el Estado y ciertos sectores ultraortodoxos en torno al servicio militar, el rol de la mujer en el espacio público y la aplicación de la ley en enclaves religiosos cerrados.