Inicio ISRAEL Las principales universidades israelíes anuncian un conflicto laboral para preparar una huelga en protesta por la reforma judicial 

Las principales universidades israelíes anuncian un conflicto laboral para preparar una huelga en protesta por la reforma judicial 

Por M S
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Itongadol.- La Universidad Hebrea de Jerusalem, el Technion (el Instituto Tecnológico de Israel), la Universidad de Tel Aviv, la Universidad de Haifa y la Universidad Abierta declararon el miércoles un conflicto laboral para preparar una posible huelga en protesta por el plan de reforma judicial del gobierno.

Por otro lado, el Instituto Weizmann de Ciencias, la Universidad Ben-Gurion y la Universidad Bar-Ilan también están preparando medidas similares.

El movimiento de protesta que reúne a las diferentes universidades aseguró que »la academia se coloca a la vanguardia de la lucha para preservar la democracia y llama a otras organizaciones de los sectores público y privado a prepararse para el cierre de la economía si el gobierno se atreve a desobedecer la ley y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia».

Ley de Razonabilidad: Tribunal Superior fija fechas para respuestas preliminares

El Tribunal Superior de Justicia de Israel dictaminó que los demandados deben presentar respuestas preliminares para la audiencia de petición sobre la Ley para Cancelar el Estándar de Razonabilidad antes del 3 de septiembre, anunció el tribunal el miércoles.

Los peticionarios deben presentar sus argumentos principales antes del 7 de septiembre.

Varias peticiones adicionales presentadas en los últimos días fueron rechazadas para la consolidación de la audiencia, ya que la fecha de la audiencia y el tribunal ya se habían decidido.

La audiencia por ocho peticiones de derogación de la Ley de Razonabilidad será presidida por los 15 magistrados por primera vez en la historia.

El tribunal también está considerando una solicitud para transmitir el proceso, que tendrá lugar el 12 de septiembre.

La enmienda a la ley básica aprobada el 24 de julio restringe a los tribunales la posibilidad de emprender una revisión judicial de las decisiones administrativas del gobierno en pleno y de los ministerios que pudieran considerarse más allá de lo que emprendería una autoridad razonable y responsable.

Inmediatamente después de la aprobación de la enmienda, los antirreformistas presentaron un aluvión de peticiones pidiendo la derogación de la ley.

El Alto Tribunal nunca ha anulado una enmienda a la Ley Fundamental y se discute acaloradamente si tiene siquiera esa capacidad.

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