Itongadol.- Ex jefes del Shin Bet (el servicio de inteligencia y seguridad general interior de Israel), funcionarios del Mossad y oficiales de reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), pidieron al Tribunal Superior de Justicia que se uniera a una petición para anular la ley sobre el criterio de razonabilidad el domingo por la mañana, expresando su preocupación por las ramificaciones jurídicas de la legislación de reforma judicial para los soldados y agentes de seguridad israelíes.
Los diecinueve oficiales solicitaron unirse a una petición presentada el 27 de julio por un coronel de la reserva. El oficial, que permaneció en el anonimato por motivos de seguridad, asesora en las operaciones de las IDF en la zona de Gaza.
Entre los ex oficiales de inteligencia que se unieron a la petición se encontraban los ex directores del Shin Bet, Yuval Diskin y Nadav Argaman, y el ex jefe de operaciones del Mossad y comandante de Shayetet 13 (una de las unidades de Fuerzas Especiales navales mejor consideradas del mundo), Nevo Erez.
Además, también se unieron al grupo los generales de división reservistas de las IDF Tal Rousso, Nimrod Sheffer y Roni Numa, los coroneles Yaron Rosen, Ziv Levy y Ronen Koehler, junto a nueve oficiales reservistas desde brigadier coronel a mayor que, al igual que el peticionario original, ocultaron sus identidades.
Oded Savoray, uno de los abogados que representan a los oficiales y oficiales de reserva, afirmó que eran héroes que habían contribuido al Estado más de lo que se podía imaginar, y que les preocupaba que la Knesset abandonara a los soldados de combate.
«Los comandantes se vieron obligados a salir a una lucha legal para defender la paz y la seguridad de los jóvenes guerreros y de las generaciones venideras de comandantes y oficiales de seguridad de las IDF», aseguró Savoray.
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL de La Haya. (Crédito: PIROSCHKA VAN DE WOUW/REUTERS)
El nuevo riesgo al que se enfrentarán las fuerzas de seguridad
Los funcionarios y la petición argumentan que las fuerzas de seguridad israelíes correrán el riesgo de ser llevadas ante la Corte Penal Internacional (CPI). En virtud del principio de complementariedad, los foros jurídicos internacionales se remiten a la jurisdicción de los tribunales locales si son independientes y se ocuparon de un delito.
Los críticos israelíes mostraron su preocupación de que las fuerzas israelíes queden sujetas a la jurisdicción de la CPI, ya que la restricción del criterio de razonabilidad obstaculizará la independencia y la función de los tribunales.
La petición también cuestionaba la ley por el hecho de que el primer ministro supuestamente no habló con el Jefe del Estado Mayor de las IDF sobre la información actualizada de la situación de seguridad y el impacto de la ley.
El criterio de razonabilidad es una doctrina del derecho consuetudinario en virtud de la cual el tribunal puede anular decisiones administrativas del gobierno si considera que van extremadamente más allá de lo que decidiría una autoridad razonable y responsable.
El 12 de septiembre se celebrará una vista en el Tribunal Superior sobre las peticiones de anulación de la enmienda a la ley fundamental.