Itongadol.- El Gobierno aprobó el domingo una decisión que permitirá al ejército seguir eximiendo a los israelíes ultraortodoxos del reclutamiento en las IDF, cinco días antes de que expire el actual marco de exención.
Según el texto de la decisión, el gabinete ordena al ministro de Defensa, Yoav Gallant, que ordene a las Fuerzas de Defensa de Israel que no apliquen el servicio militar obligatorio dentro de la comunidad hasta el 31 de marzo de 2024, fecha para la cual el gobierno tiene previsto haber finalizado una nueva ley de alistamiento.
Mientras tanto, el gobierno bloqueará la concesión de nuevos aplazamientos del servicio y no prorrogará los que hayan expirado, aunque el ejército aceptará «certificaciones» de eruditos religiosos a tiempo completo.
En 2017, el Tribunal Superior de Justicia invalidó la actual ley de reclutamiento, que concede amplias exenciones a los eruditos religiosos a tiempo completo. Ha dado al gobierno una serie de plazos ampliados para legislar una nueva ley de alistamiento, y ha permitido al Ministerio de Defensa basarse en la actual ley anulada hasta que se apruebe una que la sustituya. La decimoquinta prórroga del gobierno para legislar una solución expira a finales de julio. Sin embargo, la ley invalidada en la que se basa el gobierno tiene una disposición que obliga a su expiración -y a la del plazo del gobierno- un mes antes, el 30 de junio.
Debido a que la ley subyacente fue anulada, la coalición no podía simplemente renovarla, por lo que el gobierno aprobó su decisión del domingo como una medida provisional, para dar a los militares cobertura legal para abstenerse de reclutar a jóvenes ultraortodoxos hasta que se pueda legislar una solución permanente.
Presionado por los partidos ultraortodoxos, el gobierno se comprometió el domingo a presentar un nuevo proyecto de ley antes de la sesión de invierno de la Knesset. Se espera que se apruebe junto con proyectos de ley que mejoren las condiciones de los soldados y reservistas, con la esperanza de calmar la frustración del público en activo por las continuas exenciones.
La comunidad ultraortodoxa, remanente de los acuerdos de los primeros tiempos del Estado israelí, ha eludido durante mucho tiempo el reclutamiento militar obligatorio matriculándose en estudios religiosos a tiempo completo hasta pasada la edad de alistamiento. La cuestión llegó a un punto crítico hace una década, junto con un debate más amplio sobre el reparto de la carga económica y de servicios del país, gran parte de la cual recae en la clase media dominante.
Además de la ley anulada por el Tribunal Supremo en 2017, una versión anterior de la ley de exención del alistamiento fue derribada en 2012.
El jefe del partido de oposición de derecha Avigdor Liberman, que rompió su antigua alianza con el primer ministro Benjamin Netanyahu en parte por la cuestión del alistamiento ultraortodoxo, tuiteó que la decisión del gabinete «es otra parada en el camino hacia una ley de evasión, en lugar de una ley de reclutamiento para todos.»
«Sin plena igualdad en el reparto de la carga en la economía y en la seguridad, no tendremos país», añadió.
La decisión del gabinete afirmaba que el futuro proyecto de ley trabajará para que los jóvenes ultraortodoxos puedan incorporarse antes al mercado laboral, presumiblemente rebajando la edad de exención de los estudios religiosos de 26 a 23 años.
Alrededor de la mitad de los hombres ultraortodoxos no trabajan a tiempo completo, en parte debido a los prolongados estudios religiosos a tiempo completo necesarios para eludir el reclutamiento militar, y a la presión que ello supone en la transición de un sistema de estudios financiados a emprender estudios superiores o una carrera profesional.
La decisión también encargaba a Gallant y al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que elaborasen planes para mejorar las condiciones de los soldados y reservistas, que se presentarían a Netanyahu en un plazo de 45 días.
La reducción de los periodos de servicio para el personal no crítico, el aumento de los salarios para algunos soldados de servicio obligatorio y los beneficios financieros para los reservistas en activo son algunas de las medidas que se están sopesando como parte de un proyecto de ley de «agradecimiento por el servicio» que acompañe al conjunto de exenciones.