Itongadol/Agencia AJN.- A 1.000 días de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel avanza en la creación de un sistema judicial especial para juzgar a cientos de sospechosos vinculados con el ataque que dejó 1.164 muertos y 251 secuestrados.
Aunque todavía no comenzó ningún proceso judicial, el Parlamento israelí ya aprobó una ley especial para estos casos, se asignó un presupuesto superior a los 1.000 millones de shekels y comenzaron los trabajos para construir un tribunal militar dedicado exclusivamente a los hechos del 7 de octubre en Atarot, al norte de Jerusalem.
Según estimaciones actuales, los primeros juicios no comenzarían antes de 2028 debido a la magnitud de la investigación y la enorme cantidad de pruebas, víctimas, testigos y acusados involucrados.
La legislación aprobada en mayo establece la creación de un tribunal especial que tendrá jurisdicción sobre los delitos cometidos entre el 7 y el 10 de octubre de 2023, así como sobre los crímenes cometidos posteriormente contra los rehenes retenidos en Gaza.
Los acusados podrán enfrentar cargos por asesinato, secuestro, violación, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros delitos graves. La normativa también contempla la posibilidad de aplicar la pena de muerte en aquellos casos en los que el tribunal considere que corresponde.
El complejo judicial que se construirá en Atarot contará con nueve salas de audiencia y capacidad para operar hasta 15 paneles judiciales simultáneamente. Además, incluirá oficinas para fiscales, sistemas tecnológicos especializados, medidas de seguridad reforzadas y espacios destinados a la atención de víctimas y familiares.
La Fiscalía israelí creó un equipo especial pocas semanas después de la masacre para acompañar las investigaciones y preparar el material necesario para los futuros procesos judiciales. Posteriormente se decidió que la Fiscalía Militar será la encargada de llevar adelante los casos ante el nuevo tribunal.
Uno de los principales desafíos será la gestión de la enorme cantidad de pruebas reunidas. Las autoridades estiman que podrían intervenir hasta 12.000 testigos, además de material audiovisual registrado por los propios terroristas, evidencia forense, documentos hallados durante las operaciones militares y testimonios de sobrevivientes.
Expertos legales sostienen que la Fiscalía deberá decidir si presenta los hechos como una serie de crímenes cometidos en distintos lugares o como una operación coordinada dentro de una misma organización criminal. Esa definición influirá en la estructura de los juicios, la cantidad de acusaciones y el alcance de las responsabilidades atribuidas a cada sospechoso.
Las autoridades israelíes también deberán resolver cuestiones complejas relacionadas con pruebas clasificadas, material de inteligencia y delitos sexuales ocurridos durante la masacre, muchos de los cuales carecen de víctimas sobrevivientes que puedan declarar ante la Justicia.
Para numerosos familiares de las víctimas, el inicio de los procesos judiciales representa una instancia clave para obtener respuestas sobre lo ocurrido durante el ataque más letal sufrido por Israel en su historia reciente.
Sin embargo, especialistas advierten que los procedimientos podrían extenderse durante años debido al volumen de pruebas, la cantidad de acusados y la necesidad de garantizar procesos judiciales completos y sólidos.
A tres años de la masacre, Israel continúa construyendo la infraestructura legal y judicial que considera necesaria para juzgar a los responsables de los ataques del 7 de octubre y de los crímenes cometidos durante el secuestro de los rehenes en Gaza.
Autora: Sarah Ben-Nun
Fuente: The Jerusalem Post