Itongadol.- (Por Adriana Camisar*) El próximo 18 de julio, la Argentina conmemorará el 32.º aniversario del brutal atentado terrorista contra la sede de la AMIA en Buenos Aires.
Ochenta y cinco personas inocentes fueron asesinadas, cientos resultaron heridas y todo un país quedó marcado por una herida que, hasta el día de hoy, sigue abierta.
A lo largo de los años he escrito numerosos artículos sobre el atentado a la AMIA. Sin embargo, este quizás sea el más significativo. Por primera vez en más de tres décadas, existen razones reales para creer que la justicia —demorada durante tanto tiempo— finalmente puede empezar a imponerse.
Desde 1994, la causa AMIA ha sido un doloroso símbolo de impunidad. Si bien la Justicia argentina reunió un enorme caudal de pruebas que apuntan a la responsabilidad de altos funcionarios iraníes y operativos de Hezbollah, los principales sospechosos se negaron sistemáticamente a comparecer ante los tribunales argentinos, amparados por un sistema que hacía imposible juzgarlos en ausencia.
Esa realidad finalmente comenzó a cambiar.
En febrero de 2025, la Argentina sancionó una ley que permite los juicios en ausencia para los delitos más graves, incluido el terrorismo. Se trató de una reforma que la B’nai B’rith —y yo personalmente— apoyamos durante muchos años. La norma reconoce un principio tan simple como poderoso: la justicia no puede quedar rehén de quienes deciden eludirla.
La ley garantiza que los acusados de delitos de extrema gravedad no puedan impedir indefinidamente el avance de un proceso judicial simplemente negándose a comparecer ante el tribunal.
El segundo paso histórico llegó en junio de 2025, cuando el juez federal Daniel Rafecas aplicó por primera vez la nueva legislación y autorizó un juicio en ausencia contra diez sospechosos iraníes y libaneses acusados de participar en el atentado contra la AMIA, entre ellos Mohsen Rabbani, Ahmad Vahidi, Ali Akbar Velayati y Mohsen Rezai.
Por primera vez, quienes están acusados de haber organizado el atentado terrorista más mortífero de la historia de América Latina podrán ser juzgados públicamente por un tribunal argentino, aunque continúen negándose a someterse a la Justicia del país.
El juicio en sí probablemente llevará tiempo en organizarse. Dada la magnitud de la causa y el enorme volumen de pruebas reunidas durante más de tres décadas, es probable que transcurran muchos meses antes de que comiencen las audiencias. Pero la importancia de estos avances va mucho más allá de la Argentina.
Desde una perspectiva internacional, este caso podría sentar un precedente histórico en la lucha global contra el terrorismo. Envía un mensaje claro: quienes son acusados de atentados terroristas masivos no pueden garantizarse una impunidad permanente simplemente permaneciendo fuera del alcance de la extradición.
También coloca a la Argentina a la vanguardia de los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo a través del Estado de derecho, demostrando que las instituciones democráticas pueden seguir buscando responsabilidades incluso décadas después de cometidas estas atrocidades.
En el plano interno, la trascendencia es igualmente profunda. Para los sobrevivientes, para los familiares de las víctimas y para toda la sociedad argentina, este paso marca el tránsito desde una investigación interminable hacia un proceso judicial público. Las pruebas reunidas durante décadas, los testimonios, los peritajes y todo el cuerpo probatorio de la acusación finalmente podrán ser examinados en un tribunal abierto.
Ese proceso tiene un valor inmenso por sí mismo. La justicia no consiste únicamente en castigar; también consiste en establecer la verdad.
Además, el juicio podría generar conclusiones y fundamentos jurídicos de gran utilidad para futuros casos de terrorismo ante tribunales de otras jurisdicciones, fortaleciendo la cooperación internacional y contribuyendo al desarrollo de respuestas legales frente al terrorismo transnacional.
Un fallo judicial también tiene un peso que ninguna acusación fiscal, por sí sola, puede alcanzar. Una sentencia dictada por un tribunal independiente, tras un proceso público y una evaluación exhaustiva de las pruebas, se convierte en un registro jurídico e histórico perdurable.
¿Comparecerán alguna vez los acusados ante el tribunal? Tal vez no.
Pero tampoco podrán seguir viajando por el mundo con la misma tranquilidad. Cualquier desplazamiento internacional podría exponerlos a nuevos pedidos de extradición y a un mayor escrutinio judicial. La sombra de la rendición de cuentas los acompañará de una manera que nunca antes ocurrió.
Nada de esto borrará el dolor sufrido por las víctimas ni devolverá las vidas arrebatadas aquel 18 de julio de 1994.
Pero, después de 32 años, la Argentina dio un paso decisivo contra la impunidad.
Por los sobrevivientes. Por las familias que nunca dejaron de reclamar justicia. Por la sociedad argentina. Y por todos aquellos que creen que el terrorismo nunca debe ser recompensado con el olvido.
El largo camino hacia la justicia finalmente ha comenzado.
*Adriana Camisar es una abogada nacida en Argentina, con una maestría en Derecho Internacional y Diplomacia de The Fletcher School, de la Universidad de Tufts. Desde 2008 se desempeña como asesora especial de B’nai B’rith International para América Latina y Asuntos de las Naciones Unidas, y es subdirectora de AJIRI (American Jewish International Relations Institute). Desde 2024 también ocupa el cargo de directora ejecutiva de ILAN – Israel Innovation Network.