La estrategia utilizada por el oficialismo emula la que se atribuye a Eduardo Duhalde el 6 de febrero de 2002, cuando anunció el primer llamado a elecciones (que después debió adelantar por la muerte de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán).
En julio de ese mismo año, el periódico «The New York Times-» reflotó la versión del famoso «Testigo C», un « informante» que acusó a Menem de haber recibido presuntamente un soborno de diez millones de dólares para tapar la presunta autoría iraní en el atentado contra la mutual judía. Ningún juez, argentino o suizo, ha podido confirmar esa presunción que ahora reflota el gobierno.
La acusación contra el ex presidente fue presentada ayer en el juzgado de Claudio Bonadío por el titular de la Unidad Especial de Investigación de la causa AMIA (UEI) del Ministerio
de Justicia, Alejandro Rúa.
En un extenso escrito, Rúa -funcionario de Horacio Rosatti esboza los argumentos que – a su entender-son suficientes para que el ex jefe de Estado sea investigado por la voladura del edificio a la AMIA.
El documento dedica su primera parte a acusar al suspendido juez Juan José Galeano y al ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorregui, de «emplear» dinero del Estado para pagar ilegalmente 400 mil dólares a Carlos Telleldín a cambio de una confesión.
Llamativo resultó que el contenido del escrito fuese el mismo que Rúa presentó, el 16 de diciembre, también ante Bonadío, pidiendo que se querelle a Anzorregui y a Galeano.
En esta «nueva» presentación, el jefe de la Unidad de Investigación le imputa a Menem un presunto «rol activo» en el encubrimiento del ataque a la AMIA. Y habla de un « interés» del riojano por no dar motivo a la Justicia para que supieran que había conexión entre él e Irán. «No sólo por las cuestiones vinculadas al oscuro financiamiento de su campaña electoral, sino también a las peculiares negociaciones mantenidas en los primeros años de su gobierno», se afirma en el documento.
Las elucubraciones de Rúa arrancan desde el atentado de 1992 a la Embajada de Israel. Según su apreciación, el ataque se debió a que el gobierno argentino suspendió la asistencia comprometida en materia tecnológica y nuclear.
• Influencia rockera
Rúa se vale de creatividad del grupo de rock «La Bersuit», para asegurar que el gobierno iraní se enteró de la ruptura de las relaciones bilaterales por los medios de comunicación. «La menemismargentinidad al palo», apunta Rúa citando el título de la placa de la banda en un escrito jurídico.
«Tras ese atentado, en mayo de 1992 fueron cancelados los contratos antes citados, por entender que la conducta de Irán no era del todo transparente en la materia y señalar la sospecha de que ‘elementos pro iraníes’ habrían participado en el atentado contra la embajada. En ese mismo contexto, el atentado de 1994 contra la sede de AMIA aparece como una represalia entre otras cosas por haber dispuesto el gobierno argentino de manera definitiva el cese de aquella asistencia (com) prometida», detalla el jefe de la Unidad de Investigación.
Y afirma que la decisión de llevar adelante el atentado contra la sede de AMIA fue tomada en la reunión del Consejo Supremo iraní del 14 de agosto de 1993.
El secretario de la UEI abona esta hipótesis para sostener –otra vez-la versión del «Testigo C», Abolghasem Mesbahi.
El «informante iraní» sostiene que un funcionario se contactó con el servicio de inteligencia de Irán, adjudicándose la calidad de «enviado de Menem» para negociar el depósito de 10 millones de dólares en una cuenta bancaria.
Según el «Testigo C», «una vez efectuado el depósito el gobierno argentino podría satisfacer el deseo de negar la participación iraní en el atentado de Buenos Aires y realizaría lo necesario para frenar la propaganda».
El caso es que Mesbahi, después de esta declaración, se desdijo de su testimonio aportando más confusión a la, de por sí, compleja causa. El tema que poco se menciona -y esto lo declara también Mesbahi-es que la inteligencia iraní se ocupó intensamente de esclarecer si los dichos del supuesto enviado eran por encargo de Menem. Pero «las averiguaciones no condujeron a ningún resultado, a ninguno, ni positivo ni negativo». Lo de Rúa, o mejor dicho lo del gobierno, pretende ser otra vuelta de rosca a una teoría que no tiene peso propio, pero que la administración Kirchner se empeña en sostener ante el fracaso que resultó la investigación sobre una supuesta cuenta bancaria de Menem en Suiza.
2005-02-10 / Ambito Financiero