Un grupo de derechos civiles pidió al fiscal general Yehuda Weinstein que procese a los activistas pro-palestinos que vienen a Israel como parte de la denominada aéreoflotilla que tiene previsto realizar una protesta el próximo domingo.
En la carta enviada a Weinstein, la organización Israel Law Center (Shurat Hadin) dijo que esos "activistas" que vienen a Israel violan la ley israelí, incluido el Código Penal, la Ordenanza de Policía y el Reglamento de excepción.
La policía estima que entre 500 y 1.000 activistas tratarán de aterrizar en Israel en 20 vuelos procedentes de Europa Occidental y Turquía durante todo el domingo, aunque los organizadores estiman que cerca de 2.000 personas tratarán de llegar al territorio hebreo.
Aunque la policía ve a los activistas de las aéreoflotilla como elementos hostiles que tratan de generar provocaciones, ya que los organizadores del evento, oficialmente colocan una leyenda que dice "Bienvenidos a Palestina".
En tanto, los realizadores insistieron en que Israel está reaccionando de forma exagerada y que los participantes son pacíficos defensores de los palestinos, que quieren aprender sobre el tema y participar en eventos violentos.
De acuerdo con el ministro de Seguridad Pública, Yitzhak Aharonovitch, los activistas que logren llegar a Israel serán extraditados y se les negara la entrada. Los detenidos serán colocados en celdas de detención temporal antes de ser deportados a sus lugares de origen, indicó el diario The Jerusalem Post.
Sin embargo, en su carta enviada a Weinstein, Israel Law Center argumentó que este plan de deportar a los activistas, sin enjuiciarlos, no sería lo mejor frente a la opinión pública israelí.
"Es de interés público que logren disuadir a los participantes en la aéreoflotilla para evitar que participen en futuras aéroflotillas", dijo el Centro de Derecho de la Fiscalía General.
El Israel Law Center dijo que cree que un anuncio público del fiscal general advirtiendo que serán enjuiciados todos los "activistas" puede causar por lo menos que algunos reconsideren su participación en acciones similares en el futuro.
De acuerdo con lo expresado por la organización, los activistas podrían ser acusados de violar el artículo 194 del Código Penal, que castiga a aquellos que causan disturbios en un lugar público y estipula un máximo de tres meses de prisión.
Pero también pueden ser acusados de quebrantar el artículo 216, que se ocupa de la mala conducta en un lugar público y estipula un máximo de un mes de prisión.
Para la organización, los activistas también pueden ser acusados de violación al Código Penal por realizar una reunión ilegal, quebrantar la paz y violación de domicilio en el aeropuerto Ben-Gurion.
"Ningún país civilizado permitiría que decenas o centenares de ciudadanos extranjeros entren en sus fronteras con el fin de violar las leyes y las disposiciones legales, o para promover una posición ideológica que cuestiona la soberanía de ese estado", sostuvo la directora del centro Nitsana Darshan-Leitner.
"Es inconcebible que Israel sea el único Estado que permite esto", dijo, a lo que agregó que la decisión de Israel de deportar a los activistas del buque Mavi Marmara -la flotilla que quiso llegar a la Franja de Gaza en 2010 quebrando el bloqueo marítimo- sin procesarlos causó "un daño significativo a las políticas de Israel y su imagen como así también lesiones graves a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel".
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