Itongadol/Agencia AJN.- La DJ judeofrancesa Barbara Butch ha presentado una denuncia contra los activistas que interrumpieron uno de sus recitales del fin de semana en Grenoble, informó su abogada.
Conocida por su participación en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 y víctima de una campaña de boicot cultural vinculada a la guerra entre Israel y los terroristas palestinos de Gaza tras la Masacre del 7 de Octubre, fue obligada a abandonar el escenario en medio de su actuación del sábado.
Butch presentó denuncias penales en Grenoble y París por incitación al odio y a la violencia, agresión y violación de la libertad artística, entre otros cargos, según Audrey Msellati.
«No le desearía a nadie -ni siquiera a mi peor enemigo- sentir o pasar por lo que pasé el sábado», declaró a la radio Franceinfo.
Activistas y funcionarios locales del partido de extrema izquierda Francia Indomable atacaron a la artista de 45 años por su decisión de firmar una petición en apoyo de un intento, finalmente descartado, de ampliar la definición penal de «antisemitismo» en Francia.
Butch también fue acusada falsamente de haber participado en un evento del Orgullo LGBTQ en Tel Aviv el año pasado.
La campaña en su contra ha causado inquietud incluso entre los partidarios del boicot cultural a Israel y ha planteado interrogantes sobre quiénes son un objetivo legítimo para tal acción.
Nada «justifica la difusión de acusaciones infundadas contra una persona por su identidad, sus supuestas afiliaciones o incluso por sus opiniones», afirmó una petición firmada por 300 destacadas figuras culturales en apoyo de Butch.
Hace dos semanas, el gobierno francés presentó un plan nacional para combatir el antisemitismo, con 55 medidas que se implementarán hasta 2029; sin embargo, el anuncio suscitó críticas de algunos actores de la sociedad civil, que argumentan que muchas de esas medidas amplían programas existentes en lugar de introducir nuevas políticas.
También se han expresado preocupaciones sobre la eficacia de la respuesta del sistema de justicia penal. Los datos del Ministerio de Justicia presentados a la Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos muestran que, en 2024, 7.884 personas fueron identificadas como sospechosas de delitos racistas, pero el 59% de los casos fueron desestimados sin que se tomaran medidas adicionales.