Itongadol/Agencia AJN.- El gobierno de Israel aprobó por unanimidad una resolución en la que anunció que no cumplirá una orden del Tribunal Supremo que impide a los nuevos integrantes de la Autoridad de Radio y Televisión Comercial asumir plenamente sus funciones, una decisión que desató acusaciones de crisis constitucional y generó fuertes críticas de la oposición y del presidente Isaac Herzog.
La medida se produjo después de que el Tribunal Supremo resolviera en junio contra un intento del gobierno de modificar la composición del organismo regulador de medios, conocido como la Segunda Autoridad para la Televisión y la Radio.
La resolución aprobada por el gabinete establece que el gobierno no reconocerá ninguna decisión, nombramiento, aprobación o acción adoptada por el consejo regulador mientras, según su interpretación, no cumpla con el número mínimo de integrantes exigido por la ley.
El conflicto enfrenta directamente al Ejecutivo con el máximo tribunal del país y podría derivar en una crisis institucional sin precedentes si ambas partes mantienen sus posiciones.
Los ministros de Comunicaciones, Shlomo Karhi, y de Justicia, Yariv Levin, impulsores de la propuesta, defendieron la decisión y cuestionaron duramente la intervención judicial.
“Los jueces del Tribunal Supremo no son la Knesset, y un abuso de poder no les otorga autoridad para eliminar un requisito legal explícito simplemente porque les resulte inconveniente”, afirmó Karhi.
“El Estado de derecho no es el gobierno de los jueces”, agregó.
Karhi sostuvo además que “cuando el Tribunal Supremo pisotea la ley, el Estado no cooperará”.
Por su parte, Levin afirmó que el gobierno tiene la obligación de garantizar que “la ley, y únicamente la ley, sea la fuente de autoridad gubernamental”.
La Segunda Autoridad es el organismo encargado de supervisar la televisión y la radio comerciales en Israel. Karhi impulsa desde hace tiempo una controvertida reforma destinada a reestructurar el sistema de regulación de medios y modificar profundamente el sector audiovisual israelí.
La disputa se remonta a mayo, cuando el juez del Tribunal Supremo Alex Stein emitió una orden temporal que congeló las actividades del nuevo consejo designado por el gobierno, prohibiéndole reunirse o tomar decisiones mientras se analizaban varias demandas contra los nombramientos.
La medida dejó en suspenso la actividad del organismo designado en marzo, incluida la designación de Yifat Ben-Hay Segev como presidenta del consejo.
La oposición reaccionó con dureza.
El ex primer ministro Naftali Bennett advirtió que negarse a cumplir una resolución judicial “conduce a la anarquía en las calles y a la desintegración del país”.
El líder del partido Los Demócratas, Yair Golan, acusó al gobierno de haber “perdido todos los frenos” y sostuvo que intenta normalizar la desobediencia a los tribunales para eventualmente desconocer futuros resultados electorales.
También el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, criticó a Netanyahu y afirmó que el gobierno está “levantando la mano contra la democracia israelí”.
Las críticas también llegaron desde la jefatura del Estado.
El presidente Isaac Herzog calificó la decisión como una “línea roja”.
“La falta de cumplimiento de una resolución judicial es una línea roja que no debe cruzarse bajo ninguna circunstancia”, escribió en sus redes sociales.
Por su parte, el líder de la oposición, Yair Lapid, afirmó que un gobierno que se niega a aceptar los fallos del Tribunal Supremo se convierte automáticamente en un gobierno ilegal.
“Esta es la crisis constitucional más grave de la historia de Israel. Es un colapso de los fundamentos de nuestra democracia”, declaró.
Lapid advirtió además que, si el gobierno percibe que podría perder las próximas elecciones, podría intentar aplazarlas invocando razones de seguridad nacional.
Desde el partido Israel Beitenu, el diputado Oded Forer cuestionó las consecuencias de la decisión.
“Si los ministros no cumplen las resoluciones judiciales, ¿por qué deberían hacerlo las organizaciones criminales? ¿Por qué deberían los ciudadanos pagar impuestos?”, preguntó.
La controversia se produce a pocos meses de las próximas elecciones y profundiza la tensión entre el gobierno de Benjamin Netanyahu y el sistema judicial, uno de los principales ejes de la política israelí en los últimos años.