Itongadol/AJN.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prohibió las audiencias públicas sobre un proyecto de ley para ejecutar a los terroristas de la fuerza de Hamás Nukhba que participaron en el ataque del 7 de octubre, por temor a que pueda poner en peligro la vida de los rehenes israelíes en Gaza.
La legislación, conocida como “Ley de Prevención del Genocidio”, presentada por los miembros de la Knéset (Parlamento) Simcha Rotman (del partido Sionismo Religioso) y Yulia Malinovsky (de Yisrael Beiteinu), busca aplicar la pena de muerte a las personas declaradas culpables de promover el genocidio.
Actualmente, los terroristas de Nukhba son procesados bajo los cargos penales estándar del Código Penal israelí.
La ley propuesta autorizaría la pena capital para cualquier persona cuya participación en la masacre del 7 de octubre se demuestre, sin requerir pruebas de los delitos específicos cometidos.
Se establecería un órgano judicial especial para supervisar estos casos, al que se le permitiría apartarse de los procedimientos legales habituales, “considerando, entre otras cosas, la necesidad de proteger a las víctimas de delitos y a sus familias, facilitar la audiencia de pruebas en procedimientos con múltiples acusados, reducir los procedimientos provisionales y preliminares, hacer que la audiencia sea pública y accesible a diversos públicos en Israel y en todo el mundo, y llevar a cabo los procedimientos de manera eficiente con el objetivo de hacer justicia”.
Aunque la Oficina del Primer Ministro decidió no emitir un comentario público sobre el asunto, la oposición de Netanyahu, según se informa, se debe al temor de que Hamás tome represalias contra los rehenes que aún permanecen retenidos en Gaza.
Según informes, el fiscal del Distrito Sur, Erez Padan, encargado de procesar a los terroristas de Nukhba, también se opone a solicitar condenas por delitos que puedan probarse en los tribunales.
Según el informe, la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knéset está estableciendo directrices básicas para impulsar la legislación tan pronto como sea políticamente viable. La ley se debatió el lunes en la comisión, y se espera que la próxima audiencia tenga lugar el martes.