Itongadol.- Miles de judíos ultraortodoxos protestaron este jueves frente a una oficina de alistamiento de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en Jerusalem contra una reciente sentencia del Tribunal Supremo que está a punto de llevar al reclutamiento de los haredim (religiosos ortodoxos) en el ejército.
Los ortodoxos se expresaron con carteles en los que se leía «las autoridades israelíes persiguen a los eruditos de la Torá»; «A la cárcel y no al ejército» y afirmando que elegirían la muerte antes que alistarse.
La concentración incluyó discursos de oficiales de la extremista Facción de Jerusalem.
Según los informes, algunos de los manifestantes se están enfrentando a los agentes de policía que vigilan el acto.
A comienzos de marzo, en medio de una creciente discusión sobre el reclutamiento de los religiosos ortodoxos, un tema que durante mucho tiempo fue un punto de contención dentro de la sociedad israelí, el Gran Rabino de Israel amenazó con un éxodo masivo si obligan a los religiosos ortodoxos a hacer el servicio militar.
También este jueves, la fiscal general del Estado judío, Gali Baharav-Miara, afirmó al gobierno que «no hay base legal» para no reclutar a los haredim.
Al parecer, Baharav-Miara señaló al gobierno que «no existe base jurídica» para seguir eximiendo a los miembros de la comunidad ultraortodoxa del reclutamiento en las IDF.
Los comentarios de Baharav-Miara se producen después de que el gobierno presentara una solicitud de representación separada ante el Alto Tribunal sobre la controvertida cuestión.
Según se informa, la fiscal general respondió que esta opción sólo podría examinarse después de que el Estado informe al Alto Tribunal de las medidas que está adoptando para reclutar a la comunidad haredi, lo que se le ordenó que haga antes de finales de abril.
Escribiendo al Secretario del Gabinete, Yossi Fuchs, la fiscal general reiteró su posición de que las IDF deben empezar a reclutar a los ortodoxos, advirtiendo que el plan del gobierno de continuar con el statu quo y no reclutar miembros de la comunidad ultraortodoxa, «no está anclado en ninguna base legal».