Los demandantes, en su mayoría israelíes, quieren miles de millones de dólares en compensaciones por parte del banco jordano, al que acusan de promover el terrorismo al efectuar los pagos a familias de los kamikazes recompensadas por el grupo radical islámico Hamás.
La demanda fue presentada en el marco de la Alien Tort Claims Act, que permite a los extranjeros apelar a la justicia estadounidense contra violaciones de la «ley de las naciones», que incluye genocidio y crímenes contra la humanidad.
El Arab Bank es una de las mayores instituciones financieras de Oriente Próximo, con más de 400 filiales y oficinas en 25 países, incluida una sucursal en la ciudad de Nueva York.
