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AMIA/Encubrimiento. Anzorreguy se negó a declarar y se completaron las indagatorias de los imputados

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Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman, desde Tribunales).- El titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado durante el menemismo, Hugo Anzorreguy, se negó hoy, jueves, “por recomendación médica”, a prestar declaración en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA y tras la lectura de dos escritos que presentara oportunamente en la instrucción, el Tribunal Oral Federal N° 2 dio por concluida la etapa de las indagatorias de los trece imputados.

En esos textos enfatizó que puso a disposición del después destituido juez Juan José Galeano “todos los recursos” a su disposición, en cumplimiento de una “expresa orden” del entonces presidente Carlos Menem, pero que no le “correspondía investigar la actividad (del magistrado), ni para qué usaba la plata o necesitaba viajar a determinado lugar”, sino que “solo evaluaba las posibilidades fácticas de cumplir sus requerimientos”.

“Mi actuación fue la debida; que el manejo de dinero fuera secreto no quiere decir que no fuera legal: los fondos reservados lo son y estaban a disposición de la SIDE”, se defendió el ex jefe de los espías argentinos en referencia al pago de 400.000 dólares para que el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic que voló la sede comunitaria judía, Carlos Telleldín, señalara -se presume que falsamente- a un grupo de policías bonaerenses.

Sin embargo, aclaró que Galeano le explicó que el dinero sería para garantizar la seguridad de su familia.

“Era mi obligación cumplir con la requisitoria judicial de aportar fondos públicos que se usaron para el fin pedido, así que nada fue ilegal”, insistió.

Por otra parte, “la investigación (en su contra) tiene un origen viciado por la autoincriminación y parece haber más una voluntad de castigar que de probar delitos, lo cual tiene características fascistoides”, descalificó el ex “Señor 5”.

Respecto de la “pista siria”, éste aseguró no conocer al imputado Alberto Jacinto Kanoore Edul ni a sus familiares, de modo que nada podría aportar porque “el personal de la SIDE fue un auxiliar judicial y todas las intervenciones telefónicas o cese de las mismas dependían del juez”.

Acto seguido y tras solo 45 minutos, el presidente del tribunal, Jorge Gorini, dio por concluidas las indagatorias y anunció que la próxima semana comenzarán a declarar los testigos, con el ex comisario Juan José Ribelli en primer lugar, lo cual motivó la oposición del abogado de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.

Éste adujo que los policías bonaerenses que fueron acusados del atentado -Ribelli, Anastasio Leal y Mario Bareiro, dado que Raúl Ibarra falleció- están imposibilitados de comparecer porque cuestionan su detención en 1996 por hechos que incluyen extorsiones y asociación ilícita que todavía están en trámite, de modo que no pueden ser obligados a declarar contra sí mismos, pero sí están habilitados para mentir, lo cual perjudicaría a sus clientes.

En tanto, los acusadores insistieron en la declaración de los ex policías y en la extemporaneidad del planteo, ya que el listado de testigos fue aprobado el año pasado, apoyados por los nuevos fiscales a cargo de la causa.

“No tienen por qué declarar sobre las supuestas extorsiones, ni se negarán a responder preguntas porque en este juicio no tenemos que defendernos, sino los imputados”, refutó José Manuel Ubeira, patrocinante de los ex uniformados, quien irónicamente le agradeció la preocupación por sus garantías constitucionales al abogado de los ex fiscales.

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