Por eso compararon la actuación del juez federal que instruyó el proceso, Juan José Galeano, con la de la Santa Inquisición y recurrieron a los fundamentos de la sentencia de la causa contra los ex comandantes de las juntas militares condenados por violaciones a los derechos humanos, para recordar que ni en «aras de la destrucción de un maligno enemigo» pueden las leyes ser ignoradas.
En ese relato, los jueces del Tribunal Oral Federal N° 3 aseguraron que altos funcionarios del gobierno de Carlos Menem «no colaboraron» con la causa y algunos de ellos actuaron con «desidia y falta de interés» con respecto a conocer los avances de la investigación. Focalizaron el análisis en las conductas desplegadas por el ex ministro del Interior Carlos Corach y el ex secretario de inteligencia del Estado Hugo Anzorreguy, a quienes denunciaron ante la Justicia.
Además de Galeano, pidieron que se investigara por diversos delitos al ex titular de la DAIA Rubén Beraja, actualmente en prisión, a integrantes de la comisión bicameral de seguimiento de la investigación, a otros jueces federales, a los fiscales de la causa y a policías.
Ayer algunos de los acusados fueron a los tribunales a retirar una copia del fallo. Unos se llevaron un CD; otros cargaron cajas con los doce cuerpos de la sentencia, que el jueves a la noche habían terminado de revisar e imprimir los funcionarios del tribunal.
Conocidos los fundamentos del fallo, las partes tendrán 10 días hábiles para recurrirlo ante la Cámara de Casación Penal.
Los magistrados dieron por probado que el atentado se cometió con una camioneta Trafic que llevaba una carga de entre 300 y 400 kilos de explosivos y que provocó la muerte de 85 personas el 18 de julio de 1994. Para arribar a esa conclusión se basaron en peritajes, testimonios y las autopsias de los cuerpos en los que quedaron incrustados restos del vehículo.
Pero el eje de los fundamentos de la sentencia del tribunal que absolvió a Carlos Telleldín y los policías Juan José Ribelli, Mario Bareiro, Anastacio Leal y Raúl Ibarra es la manera «parcial» en que el juez federal Galeano investigó el caso, construyendo «con funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires» una hipótesis «arquitectónicamente armada», para encarcelar a los policías acusados.
Galeano está citado para el próximo viernes por el Consejo de la Magistratura, al tiempo que su colega, el también juez federal Claudio Bonadío, estudia un pedido fiscal para indagarlo.
Los jueces dijeron que Galeano actuó «sostenido políticamente por órganos estatales» que también se dedicaron a «cubrir su actividad cuando fue tildada de irregular y hasta de delictiva».
Los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo entendieron que Galeano ordenó a la SIDE que hiciera dos pagos de 200.000 dólares a Telleldín para que declarara contra los policías. Dijeron que esta es la última fase de una maniobra para construir una tesis falsa.
Alegaron que Galeano, cada vez que fue recusado, ocultó el pago ante sus superiores de la Cámara Federal, quienes fueron duramente criticados por el tribunal al avalar los fallos del juez,
La sentencia sostiene que la trama se inició cuando Héctor Vergés y la fallecida camarista Luisa Riva Aramayo, por separado, se entrevistaron «informalmente» con Telleldín en la cárcel y empezaron a surgir de allí los nombres de los policías que iban a ser acusados.
La maniobra se completó con la apertura de una causa especial para hacerlo y culminó con el pago a Telleldín. Los jueces dijeron que el juez acordó con el acusado y su abogado abrir un expediente simulando un pedido de recompensa para justificar el pago, el que tildaron de «ilegal».
Las irregularidades del juez determinaron la nulidad de la causa, pero aun así los jueces, basados en pactos internacionales que sustentan el derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido, se dedicaron a responder cada uno de los indicios que sostuvieron los fiscales y las querellas en la acusación.
Luego enumeraron los elementos contra Corach y Anzorreguy, y apuntan las declaraciones de Telleldín, cuando dijo que Riva Aramayo le había confiado que tenía el aval del entonces ministro del Interior del gobierno menemista para negociar la declaración del imputado, en ese entonces en forma de un libro por el que iba a recibir el pago.
Por Hernán Cappiello
De la Redacción de LA NACION