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Impulsan el juicio de Galeano y de ex funcionarios menemistas

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Impulsan el juicio de Galeano y de ex funcionarios menemistas

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Lucio Fernández Moores.

El Tribunal Oral Federal 3 dio a conocer ayer los fundamentos de la sentencia que absolvió a los acusados por el atentado de 1994 contra la AMIA, ya liberados luego del veredicto del 2 de setiembre. De este modo, se abrió formalmente el camino para que la Justicia investigue las irregularidades y hasta delitos que, según el tribunal, se habrían cometido en la investigación encabezada por el juez federal Juan José Galeano durante el gobierno menemista.

Las denuncias alcanzan al propio juez; los ex fiscales del caso Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex ministro del Interior Carlos Corach; el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy; siete legisladores que integraron la comisión bicameral de seguimiento; el camarista Gabriel Cavallo; el juez Norberto Oyarbide; y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros.

De acuerdo con los miembros del tribunal —Miguel Pons. Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo—, el todavía juez Galeano fue parcial y su «actividad» en la causa AMIA «no estuvo encaminada al descubrimiento de la verdad real». El atentado ocurrió el 18 de julio de 1994 y murieron 85 personas. Se desconoce quiénes fueron los autores y se descubrió que la «conexión local» que Galeano imputó no fue tal.

«La seudo investigación encarada por el juez de grado, acompañado por funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires, sólo buscó darle ropaje de verosimilitud y legalidad a una hipótesis arquitectónicamente armada, que se desvaneció a lo largo del extenso debate», dijo la sentencia sobre Galeano.

La postura del tribunal ya había sido adelantada el 2 de setiembre a través de un comunicado de prensa. Para el tribunal, la causa contra los policías fue armada para que hubiera un culpable que pagara por el atentado. Por eso es que los jueces anularon la denominada «causa Brigadas» —luego incorporada a la del atentado— y absolvieron a los ex policías que supuestamente habían proveído la camioneta que se usó como coche bomba a los ignotos terroristas.

El tribunal de juicio acusó a Galeano, sus colaboradores y los fiscales de varios delitos. El más grave de ellos son «la privación ilegal de la libertad y torturas que habría sufrido César Antonio Fernández» y por la que también acusaron a personal de la SIDE. Fernández había sido detenido en el marco de las pesquisas en el entorno de Carlos Telleldín, el último tenedor del motor de la camioneta que explotó en la puerta de la AMIA.

Pero también se denunció al juez por «la falsedad ideológica» del acta sobre la declaración en la que Telleldín acusó a los policías bonaerenses —liderados por Juan José Ribelli— el 5 de julio de 1996. Esa declaración fue a cambio de 400 mil pesos/dólares aportados por la SIDE.

Galeano deberá responder además por «la destrucción de las videocintas en las que se registraron declaraciones y entrevistas»

de la causa; la transformación de imputados en testigos de identidad reservada; el allanamiento a viviendas de testigos que fueron detenidos simplemente para ir a declarar; y otras irregularidades.

Todas las denuncias contra Galeano también fueron remitidas al Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de promover el enjuiciamiento de los magistrados. Galeano deberá presentarse allí para hacer su descargo el próximo jueves.

Anzorreguy, Corach y Beraja quedaron atrapados en la maniobra del pago. A Beraja lo acusaron de falso testimonio, por haber negado el pago en el juicio oral cuando por otras vías se supo que debió estar enterado.

En cambio, a Corach y Anzorreguy los involucraron «en la ilegal negociación tendiente a lograr que Carlos Alberto Telleldín, a cambio de dinero, prestara declaración en la causa». En este marco, hicieron una larga explicación de lo que fueron las «negociaciones» para que Telleldín acusara a los policías, con la intervención de la fallecida camarista Luisa Riva Aramayo.

En total, a Galeano, los fiscales y los colaboradores del juez se les imputan once hechos que podrían ser delito. A la SIDE se le achacan otros dos hechos (escuchas ilegales y destrucción de pruebas). También se denuncia al camarista Gabriel Cavallo por su actuación en la causa del video que mostraba a Galeano y Telleldín negociando la acusación de éste contra los policías.

Todas las denuncias comenzarán a rodar la próxima semana. Irán a la Cámara Federal, que sorteará juzgados para cada una de ellas. Lo más probable es que todas ellas terminen sumadas a la causa que investiga desde hace cuatro años las irregularidades de la investigación.

Este expediente está en manos de un ex colaborador de Corach, el juez Claudio Bonadio.
CLarin

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