Puntualmente, los jueces apuntaron contra el ex ministro del Interior Carlos Corach y el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy por el pago de 400 mil dólares al ahora absuelto Carlos Telleldín para que prestara una declaración en la que acusó a un grupo de policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta Renault Trafic y que, según se determinó, eran inocentes.
El tribunal destacó los «graves reparos que le merecen la actuación del Poder Ejecutivo a la fecha del atentado», cuyos funcionarios «más allá de las declamaciones públicas no colaboraron de modo eficiente con la investigación».
Y señaló que «a esa negligencia se sumó la desidia y falta de interés que algunos de ellos exhibieron en conocer el estado de las investigaciones, mientras que otros, durante la instrucción (de la causa), apoyaron el irregular proceder del juez Juan José Galeano, esto último en el caso de Anzorreguy y Corach».
El fallo
Esta tarde se etregaron las copias de unas 4000 carillas con las razones de los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo para el fallo que dejó en libertad a todos los acusados de participar en la conexión local del atentado contra la sede la AMIA.
Los fundamentos del veredicto que el 2 de septiembre último absolvió al reducidor de autos Carlos Telleldín y a los ex policías bonaerenses Juan José Ribelli, Anastasio Leal, Mario Bareiro y Raúl Ibarra son esperados por todos los sectores.
Ese día, los jueces habían adelantado lo que será el eje de sus argumentos: la investigación oficial del atentado del 18 de julio de 1994 se armó «al servicio de oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos».
Los querellantes estaban esperando los fundamentos para apelar. Por ejemplo, el juez Claudio Bonadío podría motorizar denuncias contra, por ejemplo, el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y los liberados para evaluar si éstos avanzan en querellas civiles en reclamo de indemnizaciones por los años que pasaron presos.
El extenso texto de los fundamentos no fue leído sino que, por acuerdo de todas las partes, se entregó un disco compacto en la secretaría del Tribunal, en el séptimo piso de Comodoro Py 2002.