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«Pago de AMIA fue idea de la SIDE»

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El juez federal buscará así socavar uno de los pilares sobre el cual el Consejo de la Magistratura montó la acusación que persigue la destitución del magistrado.

La otra parte de su estrategia será mostrar a sus acusadores que la Cámara Federal convalidó buena parte de las decisiones que adoptó durante la investigación del ataque a la mutual judía.

Esa será la base de los argumentos que desplegará, el jueves, ante el Consejo de Jueces que le imputa «graves irregularidades» cometidas durante la instrucción de la causa.

El papel de la central de inteligencia quedó cuestionado cuando agentes de ese organismo admitieron en el juicio oral y público que la SIDE había pagado para obtener la información sobre la «conexión local».

• Interpretación

Los ex agentes de la Secretaría de Inteligencia que dijeron que gestionaron pagos a la esposa del reducidor de autos, absuelto y liberado por el fallo del TOF.

Sin embargo, la «confesión» que alarmó a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 3 y que inspiró la acusación de los integrantes del Consejo de la Magistratura tiene otra interpretación fuera del ámbito tribunalicio.

Se afirma que el pago a «soplones», «informantes» o «buchones» es una técnica a la que recurren con frecuencia, prácticamente, todos los servicios de inteligencia del mundo. Para esas operaciones, se destinan millones de dólares que no aparecen apuntados en ningún libro, precisamente, por cuestiones de seguridad y de secreto de Estado. En esa línea argumental, se sostiene que sería un «infantilismo» la existencia de un registro de esta naturaleza con nombre y apellido del informante. El pago a Telleldín, por caso, no estuvo contenido en el expediente y tampoco Galeano dejó constancia alguna o utilizó para ese concepto el denominado «fondo de recompensa».

También se considera como apresurada la interpretación de los jueces de sostener que el pago tenía como fin inducir una declaración de Telleldín. Al respecto, se cree que el TOF quedó enredado en la interna de los espías de la «Sala Patria», en abierto conflicto con los del sector 85 de contrainteligencia, donde revista Jaime Stiusso. El director de esa área de los «topos» siempre fue un interesado en que se investigue la denominada pista iraní.

El juez Galeano intentará demostrar que su accionar estuvo dentro de la ley y respaldado por la Sala I de la Cámara Federal. Esa sala contó entre sus miembros a la fallecida camarista Luisa Riva Aramayo, quien inició los primeros contactos con Telleldín -ya en la cárcel- cuando el reducidor de autos empezó con sus denuncias por extorsión contra el ex comisario Juan José Ribelli, en medio de la negociación por la camioneta Trafic.

No obstante, algunos integrantes del Consejo de la Magistratura sostienen que lo resuelto por ese Tribunal «no tiene vinculación» con las irregularidades que se le imputan a Galeano porque «la mayoría de ellas justamente se refieren a todo lo que hizo el juez en paralelo, sin haberlo incorporado a la causa».

Entre otras graves imputaciones que deberá sortear Galeano figuran la destrucción y no preservación de pruebas y la destrucción de filmaciones y grabaciones realizadas sin conocimiento y consentimiento de abogados, testigos e imputados.

A la comisión de acusación le llevará por lo menos 15 días a -partir del jueves-, redactar sus dictámenes, a favor o en contra del acusado. En caso de que se apruebe un único dictamen acusador, pasará por lo menos un mes hasta que esa posición sea tratada por el plenario del Consejo de la Magistratura, que necesita los dos tercios de los votos a favor para aprobar el juicio político.

Además, ya para esa fecha se conocerá con abundancia el contenido del fallo del TOF que absolvió a todos los acusados del atentado a la AMIA.

2004-10-19 / Ambito Financiero

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