Lucio Fernández Moores.Clarin
La nueva fiscalía creada por la Procuración General de la Nación para intervenir en todos los expedientes abiertos en la Justicia por el atentado contra la AMIA tuvo ayer un fuerte debut. Acusó al juez federal Juan José Galeano por ocho delitos y pidió su indagatoria junto con la del ex secretario de Inteligencia menemista Hugo Anzorreguy.
El duro embate contra Galeano, el juez que investigó el atentado terrorista y que terminó en el banquillo de los acusados, fue encabezado por el titular de esa fiscalía especial, Alberto Nisman, junto con su colega Carlos Cearras. El pedido de los fiscales fue planteado en el expediente que lleva adelante el juez Claudio Bonadio y en el que se analizan los presuntos delitos cometidos en la investigación de Galeano.
Bonadio, quien podría llegar a ser apartado del caso en los próximos días, ya había recibido un pedido de indagatoria para Galeano y Anzorreguy por parte de la Oficina Anticorrupción (OA), un organismo gubernamental al que no aceptó como parte querellante.
El pedido de indagatoria de la fiscalía también alcanzó a Hugo Anzorreguy, titular de la SIDE durante 9 de los 10 años de la gestión de Carlos Menem, y que ya declaró ante el tribunal oral de la causa AMIA por el pago de 400 mil dólares a Telleldín.
Los ocho delitos que los fiscales le imputan a Galeano se basan en cinco hechos de la investigación que comandó durante nueve años y que el Tribunal Oral Federal 3 demolió hace más de un mes al absolver a las personas que él había procesado.
Esos hechos son:
# El pago de 400 mil dólares a la esposa del absuelto mecánico Carlos Telleldín para que éste declarara contra cuatro ex policías bonaerenses, también absueltos.
# La transformación de un sospechoso (el abogado Gustavo Semorile) en un testigo de identidad reservada, bajo coacción, para que también declarara contra el ex comisario Juan José Ribelli.
# La negativa a tomarle declaración testimonial a un empleado de Migraciones que tenía información sobre el iraní Khalil Ghatea, un hombre al que siguió la SIDE antes del atentado.
# La destrucción de la declaración testimonial prestada por un supuesto «buchón» de la SIDE, Luis Manzanares.
# La destrucción de los videos en los que se grabaron distintas entrevistas mantenidas por el juez en su despacho en el marco de la causa AMIA.
De acuerdo con los fiscales, Galeano habría cometido los delitos de instigación al falso testimonio (por la declaración de Semorile); instigación al peculado (por haberle pedido a Anzorreguy la plata para pagarle a Telleldín); prevaricato y omitir la persecución de un hecho delictivo (por no haber acusado a Semorile por las extorsiones a Telleldín); destrucción de objetos destinados a servir de prueba (por la desaparición de los videos); abuso de autoridad y destrucción de un documento público; y violación de los deberes de funcionario público.
Pese a todas estas imputaciones, algunas de las cuales adelantó el tribunal oral hace un mes y serán denunciadas formalmente dentro de 23 días cuando se dé a conocer la sentencia del caso AMIA, Galeano permanece en su cargo como juez de la Nación. Renunció días después del veredicto del tribunal oral, pero el Gobierno le rechazó la dimisión y él luego la retiró.
El cuestionado juez federal logró posponer la semana pasada su presencia ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. Ahora está citado para el jueves 21. Recién después de ello la comisión estará en condiciones de emitir su dictamen.
El dictamen deberá ser aprobado luego por el plenario del Consejo, lo que podría ocurrir a fines de noviembre o diciembre. En ese momento se lo podrá suspender en forma automática y el caso pasará al Jurado de Enjuiciamiento, que decidirá si lo destituye a través de un juicio político.