El acuerdo provisorio de Estados Unidos y otras cinco potencias con Irán por su programa nuclear es indudable que favorece el contexto internacional del memorándum de entendimiento firmado entre el Gobierno y el régimen teocrático de Teherán por la causa AMIA. Pero parece que no alcanzará para solucionar el desaguisado diplomático y judicial en el cual el Gobierno metió al expediente judicial del peor atentado terrorista internacional sufrido por la Argentina. Timerman reveló anoche que propuso a la diplomacia iraní, el jueves pasado en Zurich, terminar de implementar el acuerdo un año después de que se conforme la polémica Comisión de la Verdad. El canciller aprovechó el acuerdo provisorio por el plan atómico iraní para anunciar a la opinión pública argentina que está tratando de acelerar el pacto que firmó con Irán.
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Paradójicamente, el fiscal Alberto Nisman cree que el motivo por el cual un grupo de líderes iraníes dieron la orden al Hezbollah del Líbano de poner la bomba en la AMIA en 1994 es el incumplimiento de la Argentina con un acuerdo nuclear con Irán. En 1991, el presidente Carlos Menem paró por presiones de EE.UU. en el puerto de Zárate un embarque de la empresa estatal INVAP con una planta piloto de tratamiento de uranio mineral para Irán. El incumplimiento argentino, aunque no era tecnología de punta para fabricar una bomba, retrasó el plan nuclear secreto iraní y según Nisman eso molestó al régimen de los ayatolas. Más allá de esa paradoja, también fue Nisman quien pidió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que declare la inconstitucionalidad de ese acuerdo impulsado personalmente por Cristina Kirchner. Canicoba Corral no aceptaría ese criterio sino que en los próximos días declararía “abstracto” el pedido de la colectividad judía con el argumento de que el acuerdo aún no se instrumentó.
La jugada de Timerman trata de darle oxígeno político a su golpeado memorándum, que seguramente no alcanzará para revivirlo luego de las críticas de la colectividad judía y la oposición. También, porque la propia presidenta Cristina Kirchner, el 1° de marzo pasado al abrir las sesiones ordinarias del Congreso, se adelantó al juez Canicoba y dijo que la causa “no tenía pruebas” suficientes para procesar a los iraníes. Es que Cristina sigue opinando que los autores intelectuales del atentado fueron los sirios, pese a los indicios contra los iraníes acumulados en el expediente por un pedido de cooperación del ex presidente Néstor Kirchner a EE.UU., Israel, Francia y Alemania, entre otros países.