Itongadol.- El acuerdo fue revelado: Esta noche, jueves, se autorizó revelar el nombre del país que aceptó recibir a los infiltrados de África que residen ilegalmente en Israel. Se trata de Uganda.
El Fiscal General Weinstein anunció que examinó el contorno de los acuerdos alcanzados por el enviado israelí, Hagai Hadas, con el tercer país, Uganda, y según dijo está convencido de que no existe ningún impedimento legal para que el gobierno actúe de acuerdo con el esquema obtenido.
Sin embargo, después de asegurar, entre otras cosas, que el tercer país es parte en la Convención sobre los Refugiados, hay un sistema receptor que proporciona protección a la población relevante y se encuentra con el ACNUR.
Asimismo, se informó a la oficina del Procurador General que "en este momento, el Estado de Israel no se distancia de los temas de Sudán del Norte y Eritrea. El abandono de sus países de origen fue de manera voluntaria, y cuando se hace de la custodia se realiza de acuerdo con un procedimiento aprobado por el Procurador General."
Desde la oficina del Fiscal del Procedimiento dijeron que se pretendía hacer frente a que ningún derecho constitucional de toda persona a salir del país, entonces cuando una persona está bajo custodia – debe determinar si la voluntad de salir del país y regresar a su país de origen es realmente libre albedrío. Para este procedimiento se determina qué el procedimiento ha sido rigurosamente comprobado voluntad de abandonar el país, y en cada etapa de filtrado puede retractarse de su solicitud para abandonar el país.
El acuerdo entre Uganda e Israel se acordó en junio. El mismo fue diagramado en respuesta de los funcionarios del Estado durante la vista de la petición de organismos derechos humanos en contra de la enmienda de la Ley de Infiltrados que permite la detención sin juicio.
La mayor parte del debate giró en torno a las exigencias de las organizaciones de derechos humanos para cancelar la aprobación de la enmienda, que entró en vigor el año anterior, actualmente permanecen en custodia cerca de 2.000 infiltrados procedentes de países africanos, que permanecen durante meses en centros de detención sin juicio. Por ley, estas instalaciones se pueden mantener durante un máximo de tres años.