Desde que dejó de depender del Ministerio de Defensa y pasó al de Economía, Fabricaciones Militares procuró impulsar la producción y dejar atrás una etapa negra.
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Esa etapa se caracterizó por su protagonismo en el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador, delito por el cual se encuentra procesado su ex interventor Luis Sarlenga, allegado al ex presidente Carlos Menem.
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La nueva dirección de la empresa aportó a esa investigación judicial un importante bagaje documental.
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Lo mismo hizo con otra pesquisa iniciada en la causa de la AMIA a raíz de una investigación de LA NACION publicada a partir de octubre del año pasado.
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Las notas dieron origen al legajo 405 en el sumario del atentado a la mutual judía, y en él se intenta averiguar si, a principios de 1994, durante la gestión de Sarlenga, Fabricaciones Militares entregó los explosivos empleados en la voladura del 18 de julio de 1994.
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La sospecha se funda en una veintena de faxes cursados entre el iraní John Pashai y altos directivos de la empresa. En los faxes, Pashai -en realidad un agente secreto de Teherán- negociaba la adquisición de los explosivos C-4 y trotyl.
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El C-4 se producía en el laboratorio de Fabricaciones Militares de Villa María, en Córdoba, y el trotyl en la misma planta de Azul donde desapareció el anfo denominado Nago.
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Tanto el C-4 como el trotyl podrían haber servido como detonadores del anfo, que fue el explosivo base del atentado usado contra la mutual judía. En aquellas negociaciones irregulares también intervino el coronel (R) Alfredo Díaz, representante de Pashai en la Argentina y agente de la SIDE.
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Las tratativas comenzaron en diciembre de 1993 y avanzaron hasta febrero de 1994. De ese mes datan los últimos faxes aportados por Fabricaciones Militares a la Justicia.
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Consultados por LA NACION, los protagonistas de la negociación dijeron ignorar si la venta finalmente se concretó.
Fte La Nacion
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