Reacciones a favor y en contra provocó la enmienda a la Ley de Ciudadanía aprobada hoy, domingo, por amplio margen en el gabinete israelí.
La misma requiere un juramento de lealtad a Israel como “Estado judío y democrático” a los inmigrantes no beneficiados por la Ley del Retorno, que nacionaliza automáticamente a cualquier persona que tenga al menos un abuelo judío.
Dirigentes de Likud respaldaron al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Mientras que para el diputado de Unión Nacional Michael Ben-Ari “es alentador escuchar que el gobierno de Likud desea que los árabes firmen un juramento de lealtad”.
De este modo, el partido gobernante “admitió que el rabino Kahane tenía razón, 20 años después de su asesinato”.
Por su parte, la jefa de la posición y titular de Kadima, Tzipi Livni, consideró que “esta ley nada aporta, todo lo contrario: provocará conflictos internos”.
Para la ex canciller, la enmienda “no protege a Israel como el hogar nacional judío, e incluso lo perjudica”.
Livni llamó a “proteger la existencia de Israel como judío e igual para todos sus ciudadanos”.
En tanto, el diputado árabeisraelí Ahmed Tibi acusó al gobierno de haberse “convertido en títere de Israel Beiteinu y su doctrina fascista”, en referencia al partido del ministro de Relaciones Exteriores, Avigdor Lieberman.
“Israel está demostrando que es democrático para los judíos y judío para los árabes”, concluyó.
Decenas de personas, entre artistas, intelectuales y políticos, se manifestaron contra la enmienda frente al antiguo Museo de Tel Aviv.