Sigue inexpresivo, estudia a cada testigo como el primer día, toma sus apuntes y casi no habla. Pero el ex comisario Juan José Ribelli mira con otros ojos la imagen del Caribe que flota sobre la pantalla de su computadora portátil, ésa que lleva a todas las audiencias. Nunca estuvo tan cerca del mar.
Con la decisión de la Cámara Federal, el miércoles, de desplazar al juez Juan José Galeano de la investigación que resta del atentado, lo que se hizo fue apuntalar una idea que ya circula como un hecho en el juicio oral contra los acusados de participar del atentado: que los policías presos están cada día más cerca de ser declarados inocentes.
Inesperado epílogo para una investigación que debió responder al mayor atentado que sufrió el país. La AMIA fue destruida en un minuto el 18 de julio de 1994 y murieron 85 personas. Ahora el caso está a un dedo de quedar a la vista del mundo como un fracaso: se centró en una hipótesis que todo indica que no será comprobada. Y habría que volver a investigarlo todo.
Hacia ese destino se dirige el juicio oral, que se inició el 24 de setiembre de 2001 en base a las pruebas que había juntado Galeano contra un civil y cuatro policías a quienes les atribuyó ser parte de la conexión local del atentado. Después de cientos de audiencias, esta semana declararán los últimos testigos. Un sondeo que hizo Clarín entre los abogados, fiscales y querellantes del caso, reveló la convicción mayoritaria de que en marzo, cuando se conozca la sentencia, serán absueltos cuatro de los cinco acusados. Sólo uno de los detenidos, Carlos Telleldín, aparece hoy con la perspectiva de ser declarado culpable del atentado.
Aunque los miembros del Tribunal del juicio —Miguel Pons, Guillermo Gordo y Gerardo Larrambebere— no comentan con nadie hacia dónde se perfila la resolución, los que siguen las audiencias día a día saben olfatear cómo viene. De acuerdo a cómo preguntan los jueces, qué detalles resaltan en los interrogatorios o cuáles ignoran, puede inferirse que descalifican tanto la investigación original que no darán por probada la conexión local del atentado. Sergio Burstein, que perdió a su esposa, Rita Worona, en el atentado, lo dijo con claridad en la semana que pasó: «La absolución de los policías es una decisión tomada hace tiempo», se lamentó.
Los policías acusados de formar parte del atentado son cuatro: Ribelli, Irineo Leal, Mario Bareiro y Raúl Ibarra, detenidos en junio de 1996 y dueños de un prontuario que no paró de crecer. Según la hipótesis oficial, ellos ayudaron a armar el coche bomba asesino. Pero el sondeo de Clarín dejó un resultado tajante: los defensores —los de los policías pero también los de otros acusados por delitos menores que también están en juicio— están convencidísimos de que Ribelli y sus socios saldrán libres. Lo más llamativo es que muchos de los acusadores también lo piensan o a lo sumo plantean dudas. Hay querellantes que ni siquiera los acusarán, otros que todavía dudan, otros que acusarán pero sin demasiada confianza.
Es más incierto el futuro de Telleldín, el vendedor de autos robados que entregó la Trafic que, se dice, fue usada como coche bomba. Telleldín, creen muchos, podría acabar condenado como partícipe secundario del atentado, ya que de darse por probado que entregó la camioneta, se le podría achacar que intentó confundir acerca de a quién se la dio. Es por eso que «El Enano» —como le dicen, con acierto— pidió volver a declarar antes de que terminen las audiencias. Tal vez lo haga esta misma semana. Será su última oportunidad.
Los fiscales y querellantes ya están preparando los alegatos, previstos para dentro de un mes. Y se esperan algunas sorpresas. Para empezar, Memoria Activa no va a acusar a los policías por el atentado. «Son presos políticos», dijo el jueves a Clarín Pablo Jacoby, abogado de la agrupación de familiares más crítica de la investigación del atentado. Para él, Ribelli y sus socios fueron detenidos «para resolver la disputa» de Carlos Menem y Eduardo Duhalde. En 1996 el menemismo estaba en su más férrea pelea con el gobernador bonaerense, Duhalde, y hay quienes piensan que el Gobierno nacional aprovechó para direccionar la culpa hacia miembros de la Policía bonaerense de legajo impresentable.
El alegato de Jacoby se anticipa de contenido político, con críticas al papel del Estado en la investigación. Y sí acusará a Telleldín.
La posición de la Fiscalía, en cambio, es la prevista desde el principio. Van a acusar a los cuatro policías y a Telleldín como partícipes primarios del atentado. Pero el propio fiscal Alberto Nissman no se muestra muy confiado: «No puedo adivinar cuál va a ser la resolución», dijo a Clarín. En su oficina fueron más directos: uno de sus colaboradores confió que están seguros de que los policías serán declarados inocentes del atentado, «aunque se los va a culpar por otros delitos, como las extorsiones que se probaron durante el juicio». O sea: les darían una pena, probablemente alta, pero por delitos comunes.
¿En qué se basa esta percepción? Hay una coincidencia general: no pudo demostrarse la teoría de Galeano, quien sostiene que ocho días antes del atentado Telleldín había entregado la camioneta (luego coche bomba) a los policías.
Ese es el punto clave de la acusación y estaba apoyado, sobre todo, en una declaración del propio Telleldín de 1996. Pero esa declaración, ya se supo, fue hecha a un alto costo: la SIDE, a pedido de Galeano, le había pagado 400 mil dólares a Telleldín. Fue uno de los motivos por los que el juez fue apartado de la causa madre.
Para José Manuel Ubeira, el abogado de Ribelli, probar ese pago significó el fin de la acusación. «Las declaraciones de los agentes de la SIDE, donde confirmaron el pago, marcaron un antes y un después que derrumbó la causa», dice eufórico. Lo mismo piensan todos los otros defensores del juicio. Hasta el abogado de Telleldín, Víctor Stinfale, dio por absueltos a los policías: «Sí, ya está», concedió.
La parte querellante más numerosa en el juicio está integrada por los abogados de la AMIA, de la DAIA (la delegación de entidades judías) y por la agrupación de familiares de las víctimas. En esta parte también puede haber sorpresas, ya que todavía no logran acordar una posición para el alegato. ¿Por qué? Hay quienes dudan de la responsabilidad de los policías. A esto se suman redefiniciones políticas en la dirigencia de la comunidad judía.
El jueves asumió en la DAIA su nuevo titular, Gilbert Lewy, cuya llegada significa un cambio trascendente: Lewy no está de acuerdo con el apoyo histórico que hizo la DAIA del juez Galeano y la investigación. Ese inesperado giro político puso en dudas la continuidad de Marta Nercellas, abogada de la DAIA y férrea defensora de la hipótesis que culpa a los policías.
Confirmada Nercellas, ella insiste en que acusará a Telleldín y a Ribelli. Aunque tal vez no a todos: «Todavía no tengo la convicción en un caso, el de Bareiro.», adelantó. Según Nercellas, un fallo de absolución sólo se explicaría de un modo: «Sería un fallo político», dice.
La posición de AMIA está definida. Internamente van a opinar en favor de acusar a todos, aunque resolvieron dejar la decisión final en manos de la agrupación Familiares. El abogado de la AMIA, Juan José Avila, es otro de los que muestran sus dudas sobre lo que dirá el fallo: «Si el Tribunal decide atender a lo que se dijo en contra de ellos, los va a condenar. Pero si atiende a las irregularidades de la investigación, los van a absolver. Estamos ante un cincuenta y cincuenta por ciento de posibilidades». Imposible no ver en esa frase su percepción negativa.
Pero quien todavía no definió su posición es justamente el abogado de Familiares de las víctimas. «A Telleldín lo vamos a acusar. Pero de los policías todavía no me pregunte», contestó Julio Federick a la inquietud de Clarín.
En privado el abogado ya le planteó sus dudas al grupo de familiares a los que representa, entre quienes está Burstein, uno de los más convencidos de la culpabilidad de los policías. Es un problema: para algunos familiares de las víctimas, la idea de la absolución les suena a un fracaso del juicio y no de la investigación.
Federick, cauteloso, optó por esperar hasta el último minuto antes de definir su posición personal. Y tiene expectativas en dos movimientos próximos: uno será la declaración de Telleldín y el otro la exhibición de un video que guardaba Galeano en su caja fuerte —era su estilo— y que se mostrará este jueves en la sala de audiencias del juicio. Ese video muestra al ex abogado de Ribelli, Mariano Cúneo Libarona, dialogando con un jefe de la SIDE y, al parecer, admitiendo que el ex comisario tuvo en sus manos la famosa Trafic.
En ese video se apoyan también las últimas esperanzas de Nercellas y los fiscales. Pero si no alcanza para cambiar la historia, la imagen de la computadora de Ribelli se le empezará a hacer más y más palpable. Los camaristas ya empezaron a redactar una sentencia que hará historia.