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El futuro político de Sharón

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El expediente más serio es el que puede implicarle en un supuesto delito de corrupción protagonizado por sus hijos Guilad y Omrí, quienes habrían obtenido un misterioso préstamo por 1,5 millones de dólares de un magnate sudafricano, Ciryl Kern, para enjugar deudas y multas a raíz de una campaña electoral de 1999.
Guilad se halla en el centro de una agria polémica por negarse a entregar a los investigadores policiales documentos aparentemente relacionados con ese préstamo; los oculta en la granja de su padre aprovechando que Sharón goza de inmunidad parlamentaria.
También podría ser interrogado Sharón por la policía en el marco de una investigación sobre su supuesta ayuda a un empresario israelí de su partido, el derechista Likud, David Apel, para la compra de una isla griega a fin de convertirla en un gran centro turístico.
La investigación lleva dos años. Sharón era a la sazón ministro de Asuntos Exteriores y se sospecha que, junto con el ex alcalde de Jerusalén Ehud Olmart, intercedieron ante el Gobierno de Atenas.
En compensación, Apel habría abonado decenas de miles de dólares a Guilad Sharón como «asesor», según sospecha la policía.
El último caso, denunciado esta semana por la prensa, está relacionado con el aumento del monto de la indemnización estatal «corregida» que obtuvieron los hermanos Menashe y Mordejai Melamud, amigos de infancia de Sharón en la cooperativa rural Kfar Malal, gracias a una llamada telefónica del primer ministro.
Después de escuchar las quejas de sus amigos, descontentos porque habían sido compensados con menos del dinero que deseaban por la expropiación de un terreno, Sharón llamó al director general del Ministerio de Transporte, Bensión Salmán, para exponerle el caso.
Esa llamada fue suficiente para que poco después la Autoridad de Obras Públicas, empresa estatal, decidiera aumentar en más del diez por ciento -de un equivalente de unos 140.000 dólares a 170.000- el monto para compensarlos por la expropiación de un terreno de poco más de mil metros cuadrados para una nueva carretera.
El asesor jurídico del Gobierno y defensor del Estado, Eliakim Rubinstein, ordenó el lunes a un equipo creado para ese fin investigar si esa llamada telefónica de Sharón es un acto ilegal.
«El primer ministro, que no tuvo ningún interés personal en todo esto, lo hizo para saltar por encima de las trabas burocráticas, y no tiene nada de malo que haya querido ayudar a sus amigos», dicen los defensores de Sharón, al que la oposición le exige la dimisión.
«Si me hubiese consultado antes, yo le habría dicho que no haga esa llamada», declaró el ministro de Justicia, Tomy Lapid.
A fines de abril de este año, el Defensor del Pueblo (Onbudsman), el juez Eliezer Goldberg, denunció que el primer ministro israelí promovió una resolución relacionado con la Autoridad de Tierras que podía beneficiarlo personalmente como propietario de un terreno que heredó de sus padres en la cooperativa Malal, y de una granja.
Sharón alegó que el respaldo a esa resolución no fue incompatible con el ejercicio de sus funciones públicas pues no obtendría de ello ningún beneficio personal o para sus familiares.
Pero el juez Goldberg dio a conocer hace dos semanas el resultado de una investigación a propósito de los argumentos expuestos por el primer ministro e insistió en que, potencialmente, aquella resolución podría resultar en un beneficio para sí y su familia, y por tanto al respaldarla, Sharón faltó a sus obligaciones.
De momento, no existe ninguna demanda judicial en firme para que Sharón, en su segundo Gobierno y desde hace casi tres años en el poder, sea encausado judicialmente por esos supuestos delitos. EFE ez/alf

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