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Argentina: no más perdón

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En una sesión de la Cámara de Diputados convocada por los presidentes de las diferentes fracciones parlamentarias, se declararon «insanablemente nulos» los dos instrumentos legales.

La decisión del Congreso argentino se adoptó un día después de que el país se adhiriera a la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad, aprobada por Naciones Unidas en 1968.

Todos sabemos que siempre hay tiempo para sanar y para curar las heridas

Diputada opositora Elisa Carrió
La adhesión se hizo por medio de un decreto que firmó el presidente Néstor Kirchner. El mandatario también le pidió a los parlamentarios que le dieran jerarquía constitucional a la convención.

Esta ley internacional establece que los crímenes de guerra y de lesa humanidad, como la tortura y la desaparición forzada de personas, no prescriben nunca, sin importar la fecha en la que fueron cometidos.

El Congreso discutió tres proyectos de ley. Uno declara imprescriptible los delitos de lesa humanidad, otro le da carácter constitucional al decreto de adhesión a la convención y un tercero que anula las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

El debate

Aunque el martes por la mañana hubo un acuerdo de las principales bancadas para aprobar las nuevas normas, la discusión de los diputados duró hasta pasada la medianoche.

Algunos de los parlamentarios manifestaron que la decisión de anular las leyes tendría pocos efectos prácticos, pero consideraron importante la nulidad para establecer una declaración política.

Alfredo Astiz puede ser uno de los afectados.
«Nadie va a poder borrar esta declaración histórica», dijo la diputada opositora Elisa Carrió. «Todos sabemos que siempre hay tiempo para sanar y para curar las heridas», agregó.

El diputado Ricardo Bussi, hijo de uno de los acusados de violaciones a los derechos humanos, manifestó que «nadie le va a devolver los muertos» a los familiares de los desaparecidos.


Dijo también que la decisión del Congreso de debatir estos proyectos de ley obedecía a «una orden del presidente» para mandar presos a los militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983.


Discusión jurídica

La aprobación de estos proyectos generó una discusión jurídica sobre las facultades del Congreso para anular una ley.

Mientras unos sostienen que cada poder puede anular sus actos, otros defienden que la anulación de una norma sólo puede ser decidida por el Poder Judicial.

La votación fue dividida y el debate se extendió hasta el filo de la medianoche.
Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final ya habían sido declaradas inconstitucionales por el juez Gabriel Cavallo el 6 de marzo de 2001. Esa decisión fue ratificada después por los tribunales de segunda instancia.

La decisión fue apelada y se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, a la espera de ratificar o desechar los fallos de los tribunales.

Manifestaciones

Mientras la Cámara de Diputados debatía estos proyectos, centenares de manifestantes se reunieron frente al Congreso para reclamar la anulación de las leyes y exigir que sean enjuiciados los acusados de violaciones de los derechos humanos.

La concentración fue convocada por organizaciones de DD.HH. y de familiares de los detenidos desaparecidos durante el gobierno militar.

«Mi hija, que estaba embarazada de cinco meses, fue secuestrada junto con su esposo en agosto de 1976 y lo que estamos pidiendo hoy es la nulidad de esas malditas leyes», le dijo a BBC Mundo una de las manifestantes.

«Estamos aquí para que todos los genocidas estén en la cárcel», dijo otro de los que protestaban ante la sede del legislativo.

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