La DAIA exigió a la Justicia que profundice la investigación de la denuncia realizada por Sergio Burstein, miembro de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA, y que actúe “contra los responsables de la intervención desmedida” que sufrió el familiar.
En declaraciones a la Agencia Judía de Noticias (AJN), el vicepresidente de la DAIA, Angel Schindel, evitó opinar sobre la posible vinculación del ex comisario Jorge “Fino” Palacios y de dirigentes vinculados al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri.
“El propio Sergio Burstein estuvo reunido con nosotros y tiene sospechas pero no tiene fundamentos para sostener esta acusación (contra Palacios), de modo que hasta que no tengamos precisiones no podemos decir absolutamente nada”, sostuvo Schindel.
No obstante, el dirigente comunitario apuntó que en principio “hay qué ver exactamente el origen de esto y la justicia tendrá que indagar profundamente, ver si tiene o no fundamentos, y actuar contra los responsables de esta intervención desmedida contra Sergio Burstein”.
A través de un comunicado de prensa, la entidad política que representa a la comunidad judía argentina expresó “su categórico rechazo a los actos intimidatorios de que fuera víctima” Burstein.
“Junto a expresarle la plena solidaridad institucional, la DAIA reclama a las autoridades una exhaustiva investigación para determinar todas las responsabilidades vinculadas a este inaceptable hecho”, agregó el comunicado.
La causa se inició luego de que Burstein presentara un hábeas corpus tras recibir un llamado anónimo que lo alertaba de que su teléfono estaba siendo intervenido por el "Fino" Palacios.
El hecho es investigado por el juez federal Norberto Oyarbide, quien ya se comunicó con el juzgado de Posadas que dispuso la intervención telefónica a Burstein, medida que cesó por disposición del magistrado a cargo, José Luis Rey.
De acuerdo a lo sostenido por la justicia misionera, la intervención telefónica al familiar de víctimas del atentado a la AMIA fue ordenada en una causa que investiga un homicidio y en la que estarían involucrados piratas del asfalto.
Ante esta situación, el fiscal Alberto Nisman, quien investiga el atentado a la AMIA, presentó un escrito para interiorizarse sobre la causa que tiene a su cargo Oyarbide y el expediente que se tramita en Misiones.
La medida fue dispuesta debido a que existe la presunción de que las escuchas habrían sido ordenadas para conocer las conversaciones entre Burstein y Nisman para poder recusar al fiscal en las acusaciones contra Palacios.
A todo esto, Gerardo James, un abogado que trabaja para el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue detenido por orden de Oyarbide acusado de retirar los cassettes con las grabaciones de los teléfonos intervenidos por la Justicia misionera al familiar de Víctimas de la AMIA.
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