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Hallan armas en un operativo vinculado con el ataque antijudío

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Fuentes policiales añadieron que en el local allanado se organizaban reuniones de los grupos de extrema izquierda acusados por el ataque, como el denominado Frente de Acción Revolucionaria (FAR). Entre los elementos incautados había banderas con la cara del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, indicaron los informantes.

Los cinco detenidos por la agresión seguirán detenidos por decisión del juez federal Claudio Bonadío.

El magistrado rechazó el pedido de excarcelación de los presos, al entender que hay riesgo de que se fuguen y se impida reunir pruebas en su contra . Pero además, entendió, que los detenidos integran un grupo que pretende imponer sus ideas por la fuerza o el temor, lo que en constituye un delito agravado por la ley antidiscriminación, que los expone a una pena de entre 4 años y medio y 12 años de prisión.

Así lo revelaron a La Nacion fuentes judiciales que señalaron que el juez recogió estos argumentos que había ensayado el fiscal federal Carlos Rívolo al oponerse a que los detenidos fueran excarcelados. Además están acusados de atentado, lesiones y resistencia a la autoridad.

Los detenidos son Leonardo del Grosso, Viviana Segovia, Damián Vekelo, Daniel Tenzano y Osvaldo Vázquez, que habían sido arrestados el domingo a metros de la Jefatura del Gobierno porteño.

Ayer, mientras eran trasladados desde una celda de la Unidad Antidiscriminación de la Policía Federal hasta los tribunales federales, un centenar de manifestantes de grupos de izquierda se concentró frente al edificio de Comodoro Py 2002 para protestar por el arresto de los acusados y reclamaron su libertad.

Una vez ante el juez Bonadío, los acusados se negaron a declarar, excepto Del Grosso, que afirmó que había concurrido pacíficamente a manifestar su oposición al Estado de Israel cuando fue atacado por los participantes en el acto. Del Grosso ya había sido detenido con anterioridad junto con integrantes de las agrupación Quebracho.

Fuentes judiciales explicaron que aún cuando se considere que los acusados fueron a expresar su protesta contra Israel, el hecho de querer imponer sus ideas por la fuerza, ya configura un delito. Ahora el juez tiene 10 días hábiles para decidir si procesa o no a los acusados.

Uno de los argumentos que impulsó el fiscal y que decidió al juez a negarles la excarcelación a los acusados es que en uno de los casos el domicilio que declaró ante las autoridades era inexistente y en otro se corroboró que el imputado no vivía donde dijo que lo hacía.

Mientras tanto, el Gobierno volvió a negar la existencia de un brote antisemita, tal como lo denunció el embajador de Israel, Daniel Gazit. La Casa Rosada adjudicó la agresión a "inadaptados" liderados por un "loquito" y consideró "extraño" el financiamiento del FAR. Tras los incidentes, a los atacantes les fueron secuestrados una sevillana y un nunchaku (elemento utilizado en artes marciales) con el que atacaron a un suboficial de policía.

La Nacion

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